Marín y autoridades poblanas sí confabularon: Silva Meza

El ministro encargado de la investigación del caso Cacho revalidó en su dictamen la culpabilidad del mandatario poblano

El ministro Genaro Góngora Pimentel fue el que puso el dedo en llaga, una vez que leyó íntegra y sin censuras la conversación entre Kamel Nacif y el gobernador Mario Marín, incluso con entonaciones y comentarios irónicos

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Selene Ríos Andraca / Edmundo Velázquez / Ciudad de México / Enviados

Mario Marín Torres, Guillermo Pacheco Pulido, Javier López Zavala, Blanca Laura Villeda Martínez y el resto de funcionarios marinistas implicados en la detención de Lydia Cacho sí concertaron para violentar los derechos fundamentales de la periodista, ratificó el ministro Juan Silva Meza, quien ayer puso a disposición del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el dictamen Cacho-Marín que definirá el futuro político del gobernador poblano.

Pero fue el ministro Genaro Góngora Pimentel el que puso el dedo en llaga, una vez que leyó íntegra y sin censuras la conversación entre Kamel Nacif y el gobernador Mario Marín, incluso con entonaciones y comentarios irónicos. Cabe recordar que este diálogo detonado en La Jornada y W Radio el 14 de febrero de 2006, fue censurado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, así como por los medios electrónicos locales a mediados de este año.

El ministro Juan Silva revalidó en su dictamen la culpabilidad del mandatario poblano una vez que éste motivó a los funcionarios poblanos implicados a participar en el concierto para apartarse de los cauces legales en el ejercicio de sus atribuciones para beneficiar al querellante José Kamel Nacif Borge, en perjuicio de la periodista Cacho Ribeiro.

Para llegar a esa conclusión, Silva Meza se basó en la polémica conversación que sostuvo Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, pues el contenido de ésta, con el resultado de la investigación y el cruce de llamadas telefónicas arrojaron que el gobernador fue uno de los principales artífices de la conjura.

“Si bien es cierto, que no puede existir convicción plena del contenido de un audio si presenta cortes, ello no implica que no se pueda tener como hipótesis a verificar, pues una hipótesis consiste precisamente en un hecho no inobjetable, sino sujeto a prueba, como en el caso se tuvo el contenido de la grabación de mérito.”

Este día concluirá la discusión del dictamen de Silva Meza, ya que ayer solamente el ministro Genaro Góngora Pimentel fijó su postura, la cual se sumó a la investigación de Silva Meza y adelantó su voto a favor de señalar a los responsables de la violación de derechos que sufrió Lydia Cacho, así como la atención a los problemas de pederastia, pornografía y explotación infantil.

De acuerdo al nuevo reglamento aprobado el pasado 20 de agosto y razón fundamental por la que la discusión del dictamen de Silva Meza se aplazó el 26 de junio, la investigación omite la solicitud de juicio político contra Mario Marín, sin embargo, se notificará a ambas cámaras del Congreso de la Unión para su discusión y en su caso, el procedimiento político.

“Marín sí es responsable”

De acuerdo al dictamen resumido que leyó Meza en la sesión: “La vinculación del gobernador del estado de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, en los hechos investigados, que constituyen graves violaciones de garantías individuales, pues su participación implica la motivación de todas las demás autoridades vinculadas en el concierto, para apartarse de los cauces legales en el ejercicio de sus atribuciones para beneficiar al querellante José Kamel Nacif Borge, en perjuicio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.”

El concierto de autoridades de Puebla y Quintana Roo, “sí constituyen violaciones graves de garantías individuales, específicamente sí existió el concierto de las autoridades de los Estados de Puebla y Quintana Roo, para vulnerar las garantías individuales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro, con lo que, además, se violaron los principios democráticos de federalismo y división de poderes, especialmente, el principio de independencia judicial.”

El gobernador puso al servicio de Kamel Nacif el aparato de justicia: “Las acciones fueron llevadas a cabo por instrucciones u órdenes del titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, para dar satisfacción al empresario José Kamel Nacif Borge, que se sintió agraviado por la publicación del libro tantas veces citado.”

Otra de las pruebas presentadas por el ministro contra el gobernador fue el cruce de llamadas telefónicas entre Marín, Pacheco Pulido, la procuradora Blanca Laura Villeda, la jueza Rosa Celia Pérez y el ex secretario de Gobernación, Javier López Zavala, con los abogados del empresario textilero y el propio rey de la mezclilla.

Los cruces de llamadas telefónicas se llevaron a cabo días previos y posteriores a la detención de Lydia Cacho, es decir entre el 16 de diciembre de 2005 y los primeros días de enero de 2007.

Las llamadas entre los funcionarios: “Demuestran la comunicación que tuvieron las autoridades del estado de Puebla entre sí y con particulares vinculados con el empresario querellante José Kamel Nacif Borge, en momentos claves en que se llevaron a cabo las actuaciones que se consideraron irregularidad, esto es, en momentos previos y posteriores a su actualización (…) se advirtió que dicho concierto se evidenció en tres momentos significativos respecto de los acontecimientos de mérito, pues en ellos se generaron comunicaciones entre las tres áreas diversas de los Poderes del Estado de Puebla, por una parte, la oficina de gobierno, la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Comunicaciones y Transportes; por otra, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, y finalmente el Tribunal Superior de Justicia del Estado.”

Otro elemento que hunde al gobernador en el escándalo detonado el 14 de febrero del 2006 fue el enroque que se suscitó en el Poder Judicial y en Juzgado Quinto de lo penal, sin ninguna explicación
“Diversos servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, así como del Juzgado Quinto de lo Penal en Puebla, fueron cambiados de adscripción, sin que se advierta alguna razón que lo justificara.”

La prueba que terminó por enterrar a Mario Marín fue que Guillermo Pacheco Pulido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, inicialmente negó, ante la Comisión Investigadora, la entrevista sostenida entre él, Kamel Nacif Borge y sus abogados, luego, reconoció su existencia.

Y por último, las contradicciones de los declarantes que buscaron obstaculizar la investigación de la Corte: “Múltiples contradicciones en que incurrieron los servidores públicos que comparecieron a rendir testimonio ante la Comisión Investigadora, aspectos plenamente demostrados en el curso de la investigación, que sin duda, como se refirió en el informe preliminar, tuvieron el propósito de encubrir, ocultar, desviar y obstaculizar la labor de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emprendió por conducto de la Comisión Investigadora, para verificar la existencia de una concertación de órganos del gobierno del estado de Puebla, para perjudicar a una persona a satisfacción de otra, utilizando el aparato gubernamental.”

Los involucrados

Según el dictamen de Juan Silva Meza presentado ayer en la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los siguientes son los servidores públicos que tuvieron concierto para la violación de garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

En Puebla

Del Poder Ejecutivo

El gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres.
El ex secretario de Gobernación, Javier López Zavala.
El consejero jurídico, Ricardo Velázquez Cruz.
El ex secretario privado del gobernador, Carlos Escobar Moreno.
El coordinador de agenda del gobernador, Mario Édgar Tépox Pérez.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Rómulo Arredondo Contreras.
La procuradora general de Justicia, Blanca Laura Villeda.
El subprocurador de Averiguaciones Previas, Rodolfo Igor Archundia Sierra.
El ex director de Averiguaciones Previas de la PGJ Zona Norte, Guillermo Arsención Serna.
Agentes del Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales, Rosa Aurora Espejel Prado e Ignacio Sarabia Morales.
El ex director de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam Beltrán.
El director del hoy desaparecido grupo de Mandamientos Judiciales, Juan Sánchez Moreno.
Los agentes de la Policía Judicial, José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas.

Del Poder Judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido.
Los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando García Rosas, Gerardo Manuel Villar Borja, Juan José Barrientos Granda.
El secretario particular del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Leobardo Fabio Briseño Moreno.
El secretario ajunto del TSJ, Enrique Ruiz Delgadillo.
El secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, Martín Macías Pérez.
La titular del Juzgado Quinto de lo Penal, Rosa Celia Pérez González.
El comisario del Juzgado Quinto de lo Penal, Moisés Vázquez Ruiz.

Autoridades involucradas en Quintana Roo

El procurador general de justicia, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo.
El subprocurador de la Zona Norte de Quintana Roo, Teodoro Manuel Sarmiento Silva.
El ex director de Asuntos Jurídicos de la Zona Norte de Quintana Roo, Javier Brito Rosellón.
El ex director de la Policía Judicial en la Zona Norte de Quintana Roo, Jaime Alberto Ortiz.
El ex comandante del Grupo de Aprehensiones de la Subprocuraduría de la Zona Norte de la PGJ en Quintana Roo, Miguel Mora Olvera.