Juárez Acevedo se apuesta por la opacidad y el retroceso


El presidente de la CAIP propone limitar la reforma a la ley a lo mínimo que marca el sexto constitucional


Selene Ríos Andraca

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Antonio Juárez Acevedo rompió el silencio sobre la inminente reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero lo hizo para asumir una posición progobiernista, es decir, se ha apostado por mantener la opacidad y por evitar la ampliación de la lista de los sujetos obligados que le daría credibilidad a la maltrecha Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).


La incertidumbre que vive la Comisión de Acceso a la Información Pública obedece al escándalo de Antonio Juárez, quien fue evidenciado por Cambio el 24 de septiembre de 2007, con la publicación de un certificado del Instituto Federal Electoral (IFE) que acreditaba al comisionado presidente como secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro, hecho prohibido por la legislación local.


Desde que la bancada del PRI presentó su propuesta de reforma a la Ley de Transparencia el pasado 26 de junio, Cambio ha intentado concertar una cita con los comisionados Antonio Juárez y Samuel Rangel, pero ambas solicitudes han sido rechazadas.


Samuel Rangel es el único que no ha puesto trabas para entrevistarse con esta casa editorial, pero ha aplazado la fecha al menos un par de veces. Por su parte, Juárez Acevedo ha argumentado, a través de su secretario particular, reuniones pendientes.


Pero Juárez Acevedo decidió salir del ostracismo mediático —obligado por su escándalo personal— en una entrevista con Intolerancia Diario publicada ayer 7 de julio, en la que evidencia su cercanía con el sistema gubernamental y con la opacidad que caracteriza al gobierno de Mario Marín Torres.


Y fue más allá. El comisionado presidente criticó el estudio de Libertad de Información México (LIMAC) que coloca a Puebla en la posición número 31 de las 33 leyes calificadas, por su resistencia a hacer pública la información gubernamental.


“El estudio de LIMAC tiene más parámetros de los exigidos (…) El único parámetro para modificar la ley es el artículo sexto constitucional. El tema del debate es el artículo sexto, cualquier otra cosa que se le quiera añadir a la ley es extra.”


Es más, Juárez Acevedo se opone rotundamente a la ampliación de los sujetos obligados a la Ley de Transparencia; a la afirmativa ficta y a la prueba de daño, en caso de la negativa de parte las dependencias obligadas a entregar información pública: “La prueba de daño es inconstitucional, señaló un tribunal colegiado.”


A decir del comisionado presidente, los partidos políticos no deben ser incluidos en la Ley local, porque no existe el parámetro en ninguna legislación federal.


“Los partidos políticos son regidos pos las leyes federales y rinden cuentas a través de las leyes federal y es un derecho de los partidos participar en las elecciones de los estados. Además no hay partidos políticos estatales (…) Los diputados ya pueden salir de ese debate porque el IFE ya fiscaliza los recursos de los partidos políticos.”

 


 
 
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