Carpetazo al caso Chiautla de Tapia

A pesar de las pruebas, la Sedecap no fincará responsabilidades

El PAN denunció a través de un video el encuentro entre funcionarios estatales y el grupo de campaña del excandidato priista a diputado local por dicho distrito

Efraín Núñez Calderón

La Contraloría estatal le dio carpetazo al escándalo Chiautla de Tapia en el que se evidenció un encuentro entre funcionarios estatales y el excandidato a diputado priista por el Distrito 11 para presuntamente apoyar su campaña con recursos del gobierno.

Para Víctor Manuel Sánchez Ruiz, secretario de desarrollo, control y evaluación de la administración pública, la prueba del video, presentado por el PAN, no fue determinante para encontrar una irregularidad o desvío de recursos e incluso hubo inconsistencias:

“Hemos cerrado la investigación, no encontramos ningún responsable. Hay mucho dime y direte, no tenemos pruebas contundentes. Dicen que dicen que dicen (sic). Dicen filmaciones. Hay inconsistencias, no tengo más. Ya checamos con la gente que lo hizo profesionalmente de manera independiente a mi persona.”

—¿El video no fue contundente para fincar responsabilidades? —preguntó una reportera.

—No, no (…) Todo el que tenga pruebas que las presente y que lo haga a título legal para que pueda tener fuerza.

En breve entrevista, el funcionario aseguró que la investigación no tuvo nada que ver con su persona ya que la realizaron abogados adscritos a la delegación de Sedecap en Chiautla de Tapia, así como de las oficinas centrales de la dependencia:

“Lo realizaron diferentes instancias de abogados, tanto de la delegación como del área central. Ya están notificados los que hicieron la denuncia del estado que guarda y estamos en espera de todo aquel que tenga una prueba que presentar, la presente.”

—Entonces ¿se exoneró a los funcionarios públicos implicados?

—No hay exoneración, por favor. Yo no exonero, yo investigo y donde encuentro pruebas acuso. Todos los expedientes están abiertos. El que tenga una prueba que presentar que la presente, está abierto.

El 10 de octubre de 2007 diputados locales del PAN presentaron una queja ante la Contraloría estatal, por los hechos ocurridos una semana antes en Chiautla de Tapia, en donde se llevó a cabo una reunión entre funcionarios estatales y el grupo de campaña del excandidato priista a diputado local por dicho distrito.

Presentando como prueba un video que fue difundido en algunos medios de comunicación, los legisladores pidieron que la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) fincara responsabilidades sobre ocho funcionarios por evidenciar la desviación de recursos estatales a favor de las campañas priistas.

El blanquiazul se basó en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 50 señala que los funcionarios “deben de abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.