La opacidad sube a rango de ley

La bancada priista hizo valer su condición de mayoría absoluta para convalidar su reforma de Ley de Transparencia

Selene Ríos Andraca

En un ambiente fúnebre, el PRI cumplió su palabra y literalmente asesinó la Transparencia en el estado, al aprobar su reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública, en medio de las quejas de diputados locales y federales de Acción Nacional que colocaron dos coronas de flores en la entrada a la sede del Legislativo y vistieron de luto.

El dictamen de la reforma, aprobado el miércoles por la mayoría del tricolor, se impuso sobre los reclamos de inconstitucionalidad y mediocridad que lanzaron los diputados del PAN, PRD y PT, y sin otorgarle autonomía a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), sin incrementar la lista de los sujetos obligados, empalmando los plazos para impugnar con la entrega de la información, se modificó la ley vigente en materia de Transparencia.

Sólo los 26 diputados del Revolucionario Institucional avalaron la reforma, mientras que el bloque opositor apenas y obtuvo 12 votos, provenientes de los ocho miembros de la bancada del PAN —liderada por Eduardo Rivera—; los dos miembros de la fracción de Nueva Alianza, el perredista Melitón Lozano y el petista Pepe Momoxpan.

La reforma a la ley establece: la suplencia de la queja, la reducción de 12 a 7 años de reserva de información y el procedimiento de impugnación vía electrónica.

En los puntos negativos de la reforma se destaca la falta de autonomía constitucional para la CAIP; el rechazo a instaurar un solo organismo garante para la entidad como lo marca el dictamen del sexto constitucional; la ambigüedad en la lista de sujetos obligados; la negación a extender los sujetos obligados a ONG, partidos políticos, fideicomisos y organismos descentralizados; la falta de positiva ficta y prueba de daño; el empalme de los plazos para la entrega de información, entre otros.

El empalme de plazos deviene de la reducción de 15 a 10 días hábiles para que las Unidades de Acceso informen al recurrente la disposición de la información, empero, dieron otros 10 días hábiles para que la información sea entregada, mismos días que tiene el solicitante para presentar su recurso de impugnación.

Irma Ramos, del PRD; Carolina O’Farril de Convergencia y Manuel Fernández, del PT, los alfiles marinistas enquistados en la oposición, se abstuvieron en su voto, y votaron en contra del artículo 25 que establece que la CAIP será un órgano especializado de la administración pública.

Y poco faltó para que ese artículo que violenta el sexto constitucional fuera desechado por los diputados y es que durante la votación particular, los primeros dos priistas de la lista erraron el sentido del voto y sufragaron en contra del dictamen del tricolor.

Los priistas Javier Aquino y Humberto Aguilar rechazaron que la CAIP careciera de autonomía plena y votaron en contra, sin embargo, cuando el presidente de la mesa, Pablo Fernández del Campo, se dio cuenta de que sus correligionarios estaban votando en contrasentido de la línea priista, detuvo la sesión en pleno pase de lista.

Los priistas Pablo Fernández y Rocío García Olmedo trataron de reiniciar la votación a toda costa. Incluso, la legisladora argumentó que el voto de sus compañeros había sido una “confusión” por lo que debería repetirse el pase de lista.

Los diputados de oposición se negaron a tal arrebato, pero sus gritos eran ahogados por la furia de los tricolores y en medio de los gritos, Jorge Ruiz Romero dijo: “Que se reanude la votación donde se quedó antes de que fuera interrumpido el pase de lista.”

El debate

Eduardo Rivera, Manuel Janeiro, Pepe Momoxpan, Gustavo Espinosa y Melitón Lozano criticaron el dictamen y la falta de voluntad política de parte del PRI para transformar la ley vigente en una normativa de vanguardia como la del Distrito Federal, Veracruz y Campeche.

La discusión para la aprobación del dictamen impuesto por el tricolor tardó más de cuatro horas, en las que los priistas demostraron su ignorancia en el uso de acceso a la información pública, ya que para ellos, todo “estaba perfecto” y apegado a las bases jurídicas del sexto constitucional.

El PRI, en voz de Jorge Ruiz, Luis Alberto Arriaga y Avelino Toxqui, justificó la mediocridad de la reforma, al señalar que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) carece de autonomía plena, de positiva ficta, de prueba de daño, entre otras cosas.

Recordando los actos de corrupción cometidos por la esposa del expresidente Vicente Fox Quesada, Marta Sahagún, los priistas defendieron su opaca Ley de Transparencia.