Congreso desahucia a Juárez Acevedo

La resolución del TEPJF no influyó tanto en la determinación, como los documentos remitidos por el IFE

La Comisión de Gobernación acordó por unanimidad iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, que terminaría a mediados de noviembre con la destitución definitiva

Selene Ríos Andraca

Antonio Juárez Acevedo tendrá un final deshonroso al frente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), una vez que la Comisión legislativa de Gobernación ya lo considera un “presunto responsable” de haberle mentido a la LV Legislatura para ser electo de manera ilegal como comisionado. Los diputados Pablo Fernández del Campo y Eduardo Rivera Pérez anunciaron el inicio de procedimiento de responsabilidades que podría concluir en mes y medio con la destitución del funcionario embaucador.

La guillotina, sin embargo, tendrá un acto previo de humillación pública, y es que Juárez Acevedo tendrá que presentarse a comparecer en calidad de indiciado el próximo 19 de septiembre ante la Comisión de Gobernación, como requisito formal de “garantizarle su derecho de audiencia” y arrebatarle así argumentos para debatir jurídicamente su deposición.

A las tres de la tarde, la Comisión de Gobernación acordó por unanimidad que las documentales públicas remitidas por el Instituto Federal Electoral eran la prueba contundente de que Antonio Juárez forma parte de la dirigencia de la agrupación política Plataforma Cuatro.

A casi un año de que estalló el escándalo de la CAIP, la Comisión de Gobernación tomó la resolución de declarar presunto responsable a Juárez Acevedo, ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública especifica en su artículo 27 que los comisionados no podrán haber pertenecido a una agrupación o partido político tres años antes de su nombramiento.

El artículo antes citado establece que: “Para ser Comisionado se requiere: (…) No haber desempeñado cualquier cargo (…) de dirigente de algún partido o asociación política durante los tres años previos al de su designación.”

Otro artículo que violenta el presidente de la CAIP es el 28 de la Ley de Transparencia que dice a la letra: “Los Comisionados en ejercicio de sus funciones no podrán desempeñar ningún otro cargo, empleo o comisión, remunerado o no, salvo aquellos de carácter académico.”

De la Ley de Responsabilidades y Servidores Públicos, Antonio Juárez ha violado el artículo 50 en su fracción XI: “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: XI. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohíba.”

El 24 de septiembre de 2007, Cambio publicó en su primera plana un certificado del Instituto Federal Electoral que constataba que según los registros del organismo electoral, Antonio Juárez continuaba siendo secretario general de Plataforma Cuatro.

“Según documentación que obra en los archivos de este instituto, el licenciado Antonio Juárez Acevedo, se encuentra registrado como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación Política Nacional denominada ‘Plataforma Cuatro’ (…) a los 28 días del mes de agosto del año 2007”, reza el certificado firmado por el entonces secretario ejecutivo, Manuel López Bernal.

Es presunto responsable: Pablo Fernández

Por primera vez, el presidente de la Comisión de Gobernación Pablo Fernández del Campo llamó a Juárez Acevedo “presunto responsable” de haber violado la Ley de Transparencia y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por haber ocultado su cargo como secretario general de Plataforma Cuatro.

A decir de Fernández del Campo, la documentación remitida por el Instituto Federal Electoral el pasado 28 de julio al Congreso local, contiene documentales contundentes para inculpar al comisionado y para destituirlo después de que comparezca ante los diputados el próximo 19 de septiembre.

A partir de la comparecencia que se celebrará en menos de 10 días, la Comisión de Gobernación tendrá 30 días hábiles para tomar una resolución del caso que no podrá ser más que la destitución de Juárez Acevedo en el pleno de la Cámara local.

Las documentales que terminaron por hundir a Juárez Acevedo fueron las copias de las actividades políticas y jurídicas de Plataforma Cuatro, entre las que destacan copias de las asambleas estatales, el nombramiento de la mesa directiva, los reportes de finanzas y los documentos firmados por el comisionado en su carácter de secretario general.

Cabe mencionar que la decisión de la Comisión de Gobernación se da una semana después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló en contra del juicio de protección de derechos políticos y electorales promovido por el funcionario marinista.

Aunque a decir de Fernández del Campo, la resolución del Tribunal Electoral no influyó en su decisión, ya que previamente se tenían las pruebas que hundían al comisionado presidente de Acceso a la Información.

Por el momento, el procedimiento iniciado solamente es por responsabilidades administrativas que se concluye con la destitución del cargo, empero, quedará pendiente el proceso por daño patrimonial, debido a que cobró un salario desde diciembre de 2004 como comisionado sin que su elección fuera legal.

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