Alberto Amador le tunde a López Zavala

Denuncia inequidad entre los aspirantes priistas a Casa Puebla

Acusa a sus correligionarios que hacen uso de recursos públicos para comprar conciencias y compadrazgos pero advierte que pueden tener problemas si no se ajustan a las Reformas Electorales. También criticó el “linchamiento” en contra de Roberto Morales y alertó sobre la inestabilidad que puede provocar la pugna entre marinistas

Efraín Núñez Calderón

Alberto Amador Leal, aspirante a gobernador denunció que en el PRI existe inequidad entre los aspirantes a la candidatura debido a que hay quienes se cobijan en el uso de recursos públicos para comprar conciencias y compadrazgos, en clara alusión a Javier López Zavala, secretario de Desarrollo Social, aunque no mencionó su nombre.

En entrevista con Cambio, el diputado federal del tricolor, hizo críticas severas en alusión a López Zavala y Mario Montero, al señalar que hay funcionarios públicos que por el proceso de sucesión adelantada han iniciado pugnas que pueden poner en riesgo la viabilidad del estado y el actuar del gobernador Mario Marín.

Más aún, defendió a Roberto Morales Flores, exsecretario de Salud, quien en su opinión, fue sometido a un “linchamiento público” y puesto en la “picota” por sus subordinados, lo cuál no debió ser permitido por el mandatario:

“La equidad en el PRI sólo se puede alcanzar si todos respetamos la ley. Yo he pedido a mis compañeros que acatemos el espíritu de la Constitución, que seamos cuidadosos, yo presumo que algunos de mis compañeros aspirantes podrían estar en grandes problemas si no estamos dentro de la ley (…) Puebla necesita un movimiento de renovación para alcanzar las reformas electorales, no buscaré el apoyo de un secretario de Estado, no me cobijaré en el manto de fortunas económicas o de empresarios, ni tampoco me cobijaré en el uso de recursos públicos, esa no es una elección —la del 2010— que se resolverá por una estructura de compadres o por el cambio de bienes o de conciencias, de reparto de cemento o despensas”.

Amador Leal calificó como “desaseada” la forma en la que salió Roberto Morales de la administración marinista, debido a que en esta estrategia política no hubo apego a la Ley de Servidores Públicos:

“Se puso a un secretario en la picota por algunos de sus subordinados, eso no lo podemos aceptar. El gobernador tiene la facultad para nombrar a sus colaboradores. No podemos someterlo a un linchamiento público y después crear las condiciones para su renuncia. Eso no ayuda a las instituciones, es lamentable que se den esos enfrentamientos y pugnas para remover al funcionario siendo que es facultad del gobernador (…) La salida de Roberto Morales está inscrita en un proceso adelantado de la lucha hacia 2010 como lo reseña la prensa. Ya tenemos signos rojos, de seguir así habría riesgo de inestabilidad.”

De nueva cuenta en alusión a López Zavala, consideró riesgoso que se utilicen programas públicos federales o estatales para hacer proselitismo, sin embargo, confió en que la época del patrimonialismo en el PRI haya quedado atrás con las Reformas Electorales:

“Me parece delicado que miembros del gabinete o miembros de los partidos creemos condiciones de enfrentamiento en una lucha que no se va resolver por lo menos de aquí a que pasen las elecciones federales. Me parece riesgoso que haya condiciones de enfrentamiento, que se usen los programas públicos federales o estatales haciendo proselitismo. Es riesgoso que se manipulen las cuentas públicas de los expresidentes municipales y se boicoteen actos aunque sean de carácter social.”

Cuestionado ante la posibilidad de que Toño Hernández y Genis sea nombrado comisionado estatal de los Procesos Internos del PRI, el legislador confió en la probidad de su correligionario y además advirtió que quien ocupe el cargo tendrá que apegarse a los criterios de equidad y democracia contenidos en a Reforma Electoral:

“Si hablamos del 2010 primero necesitamos que el Congreso local actualice el marco legal. El plazo se vence el mes de noviembre y todavía hay incertidumbre sobre el curso de esa reforma. Por lo tanto, los nombramientos o cambios en el PRI serán para la elección del 2009 (…) Hay una inercia dentro del partido no hemos todavía logrado remontar la visión patrimonialista del poder, eso es un hecho. Pero la Constitución obliga no sólo al cambio de la fecha de la elección en julio de 2010, sino también obliga al cambio de los estatutos para garantizar condiciones democráticas en la elección de candidatos. Toño Hernández tiene probidad, pero además estará obligado por la constitución a los criterios de transparencia, honestidad, equidad. No vamos a ver una campaña igual a la de procesos pasados, sino que tendrá que ser una campaña apegada a derecho.”

Aunque se considera en desventaja con relación a otros priistas que pueden hacer uso de recursos públicos para construir su proyecto político, confió en que su partido se apegue a las nuevas disposiciones electorales:

“Si no es así, tendremos procesos de elección de candidatos con riesgo de ser impugnados o procesos electorales con riesgo de ser impugnados ante los tribunales federales”, advirtió.

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