Con la reducción, su ingreso mensual pasará de 146 mil a 110 mil pesos. La medida se aplicará también a todos los miembros del gabinete, dado que, según la Ley de Salarios Máximos, ninguno de los secretarios puede ganar más que el titular del Poder Ejecutivo.
Adicionalmente, se reorganizará la administración pública del estado, lo que implicará la fusión de varias dependencias y organismos públicos descentralizados. La aplicación de las nuevas medidas permitirá obtener un ahorro de casi 400 millones de pesos anuales, 200 millones por la fusión de dependencias y 188.6 millones por la aplicación del tabulador en el rubro de servicios personales.
“Varias dependencias asumirán las responsabilidades y atribuciones de otras, lo que se irá dando a conocer conforme se tengan los resultados de esta reingeniería”, explicó el gobernador.
De acuerdo con Borge Angulo, Quintana Roo atraviesa por una etapa en la que los retos se deben asumir con responsabilidad y establecer mecanismos tendientes a impulsar y consolidar un gobierno ordenado y eficiente, que atienda las necesidades de la sociedad y cuente con mejores herramientas que le permitan cumplir sus objetivos, que impulse el empleo, desarrolle infraestructura y servicios públicos generando mejor calidad de vida para los quintanarroenses.
“Para consolidar un gobierno eficiente debe atenderse en primer término el rediseño y estructuración del mismo ante los nuevos retos que la globalización impone, a fin de que, con base en criterios de eficacia y eficiencia, se cumplan los objetivos institucionales, se fortalezcan los procesos de simplificación en la gestión interinstitucional y se eficiente el funcionamiento de la administración pública con base en un programa integral de disciplina racional en el manejo de los recursos financieros y materiales”, explicó el mandatario quintanarroense.
Por último, el gobernador recordó que desde el principio de su administración se aplicaron medidas de austeridad y programas de ahorro en el gasto corriente para hacer frente a condiciones financieras adversas en el país y el mundo, medidas que garantizaron la disponibilidad de recursos para invertir en obra social, seguridad pública, infraestructura, salud, educación y en la atención de las necesidades más urgentes de todos los habitantes de la entidad.
