Luego de que la Cofepris rechazó la solicitud para operar los "club de cannabis" por parte de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), ésta interpuso un amparo en contra de la Ley General de Salud, por considerar que la prohibición del consumo de marihuana viola los derechos humanos de los mexicanos.

Francisco Torres Landa, representante de la asociación civil y miembro del consejo de México Unido contra la Delincuencia, explicó que en junio pasado solicitaron la instalación de un lugar donde los asistentes pudieran acudir a fumar, como una forma de contrarrestar la venta por parte del crimen organizado.

No obstante, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) negó el permiso, por lo que un mes después acudieron al juzgado 11 en materia Administrativa del Distrito Federal para interponer el amparo.

La asociación de reciente creación argumentó que la prohibición para cultivar, transportar y consumir marihuana, indicados en los artículos 235, 236 y 237 de la Ley General de Salud, se contrapone con los derechos de autodeterminación y libre elección de los mexicanos.

Andrés Aguinaco, miembro de la asociación civil, subrayó que por el tema de la demanda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá atraer y atender el caso, para definir si la prohibición es inconstitucional, basándose en los derechos humanos. Torres Landa precisó que ya tienen fecha de audiencia para el 20 de agosto.

SMART asegura que el impacto de la marihuana en la salud no es tan severo como el cigarro, el alcohol o la comida chatarra, ya que no hay evidencia de una persona que haya muerto por fumar marihuana.

"La política es tan radical y absurda para el caso de la marihuana que tendríamos que encarcelar a los obesos porque representan un riesgo para la salud", afirmó Torres Landa.

En conferencia de prensa, los integrantes de SMART aseguraron que los derechos humanos, consagrados en la Constitución, están por encima de cualquier política pública o tratado internacional que haya firmado el gobierno mexicano, por lo que el Estado debe respetar si el ciudadano consume o no esta sustancia.

Aguinaco apuntó que esperarán que la sentencia salga a su favor y entonces otras organizaciones o particulares interpongan más amparos en este sentido; con cinco demandas de este tipo y ocho votos a favor de los magistrados, el apartado de mariguana de la Ley General de Salud se declara inconstitucional y se despenaliza el consumo.

Al respecto, el ex subsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, negó que despenalizar el consumo de cannabis implique un riesgo o que se vaya a abrir la puerta a personas que pertenecen a organizaciones criminales.

En el evento también estuvo Jorge Castañeda, quien lamentó que Uruguay se haya adelantado en la iniciativa sobre mariguana, y pidió al gobierno federal se pronuncie a favor del debate. "No puede decir 'estamos a favor del debate, pero no'. Lo que deben hacer es organizar foros y decir qué sí y qué no se puede hacer".

Estados también pueden sumarse

Los congresos de los estados también tienen la facultad para modificar su ley de salud estatal o el código penal de su entidad para despenalizar el consumo de esta sustancia en su territorio, aunque esto se contraponga con la Ley General de Salud, afirmó Andrés Aguinaco.

Explicó que después de la modificación, la Suprema Corte puede atraer el caso y determinar si la ley federal es inconstitucional, dándole la razón al congreso estatal, tal como lo hizo el Distrito Federal con la interrupción legal del embarazo.

"A final de cuentas todo llegará a la Corte y allí tendrá que discutirse", subrayó el abogado de SMART, quien aseguró que el gobierno de la capital de la República tiene posibilidades de lograr la despenalización por la vía legal.

Al respecto, el diputado local Vidal Llerenas —uno de los impulsores de la despenalización del consumo de mariguana en el DF—, afirmó que en la Asamblea Legislativa ya se trabaja en varias iniciativas que se discutirán a partir de septiembre, durante el período ordinario.

A finales de ese mes, los asambleístas también participarán en un foro tricameral con los senadores y diputados federales para analizar los argumentos a favor de la regulación del uso de cannabis.

Y en octubre, asambleístas viajarán a Denver para participar en un foro donde analizarán cómo el estado de Colorado logró modificar su propia ley, a pesar de que contraría la ley federal de Estados Unidos.