Un total de 48 estudiantes normalistas fueron sentenciados a tres años de prisión por los delitos de motín y robo, cometidos en octubre de 2012 en Michoacán, pero no pisarán la cárcel.
En su dictamen de sentencia, el Juzgado Sexto Penal de Morelia resolvió conceder a los acusados el beneficio de la suspensión condicional de la sanción.
"Se concede a los encausados el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la sanción, acorde con lo resuelto en el considerando respectivo", se lee en la sentencia difundida a través del portal de internet del Poder Judicial del Estado.
A los estudiantes procesados también se les absolvió de la reparación de los daños cometidos en esos hechos, en los que fueron quemados cerca de 20 autobuses.
De acuerdo con el resolutivo, cada uno de los normalistas sólo deberá pagar una multa de 8 mil 862 pesos, quedando la causa penal abierta.
En el proceso penal 177/2012, el grupo de estudiantes fue acusado de motín, robo y sedición luego de retener casi un centenar de vehículos, incluidos autobuses y unidades de carga, y saquear mercancías.
Esa acción provocó una incursión de la Policía Federal en las escuelas normales de Tiripetío, Cherán y Arteaga para recuperar las unidades, el 15 de octubre de 2012.
La acción policiaca derivó en un enfrentamiento en la Normal de Tiripetío, con saldo de 30 lesionados de ambos bandos y 20 vehículos incendiados.
Por esos hechos fueron detenidos 176 estudiantes, 48 de los cuales acabaron con una causa penal abierta ante la justicia estatal.
En el listado de acuerdos que ya se puede consultar por internet, se da a conocer el resolutivo con fecha del pasado 5 de noviembre dictado por el juez Francisco Bedolla Espino.
Pese a este proceso penal, el movimiento estudiantil no ha cesado de incurrir en actos vandálicos para exigir apoyos al Gobierno estatal.
El 13 de octubre pasado retuvieron 14 autobuses que días después utilizaron para viajar a Morelia, bloquear vialidades y realizar una marcha.
Durante esa manifestación realizaron pintas en el equipamiento urbano, comercios y oficinas gubernamentales, sin que alguna autoridad lo impidiera.
