Si bien los partidos políticos no tienen buena fama en la ciudadanía, la Procuraduría General de la República (PGR) viene a poner el dedo en la llaga al dar a conocer que indaga un posible involucramiento de los institutos políticos en una red de dinero y evasión fiscal.

Este miércoles, el diario Reforma publica que, a través de la simulación de contratos y transferencias a Suiza, Dubai y Antillas Holandesas, la trama habría sido utilizada por empresas de telecomunicaciones, casinos y campañas electorales.

Se menciona de manera específica el caso Monex, de la campaña de Enrique Peña Nieto, que levantó polémica en las elecciones presidenciales por la presunta compra de votos.

La indagatoria federal apunta a que los monederos electrónicos Monex fueron financiados en parte por una red criminal dedicada a la venta ilegal de facturas, simulación de contratos y el lavado de dinero.

A la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ingresaron al menos 23 millones de pesos en el 2012, los cuales provenían de un entramado de empresas "virtuales" vinculadas a Edicom, Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales, que llevaban años reportadas por operaciones financieras sospechosas.

Fue en el sexenio de Felipe Calderón, que la Unidad de Inteligencia Financiera y la SEIDO comenzó a seguir la pista una serie de transferencias inusuales para pagar jets militares, yates, "carros exóticos" y diamantes, por la presunción de lavado de dinero del narcotráfico, de acuerdo con un reporte de la UIF del 2 de junio de 2012.

Cuando se profundizó en la pesquisa, las investigaciones encontraron que uno de los principales involucrados era un sujeto de nombre Raúl Álvarez Longoria, quien, según el oficio 110/H/787/2012, inyectó 10 millones 116 mil pesos a los monederos electrónicos Monex.

El oficio igualmente establece que otro que recibió dinero de este grupo delictivo es Ricardo Mauro Calzada Cisneros, quien según el IFE el año pasado proporcionó 13.1 millones de pesos a los monederos del tricolor.

Álvarez Longoria estaba relacionado con Calzada, pues le hizo un depósito a la cuenta 4052982519 de HSBC.

El documento señala que los recursos que aportaron Álvarez Longoria y Calzada son parte de los 44 millones de pesos que pasaron por los monederos de Monex y cuyo destino el PRI no pudo comprobar ante el Instituto Federal Electoral, pese a lo cual este año el tricolor fue absuelto de responsabilidad.

La investigación ubica también a dos mujeres de entre 27 y 33 años de edad, vinculadas a Álvarez, y quienes no tienen registro de declaración fiscal alguna.

Ellas, según la Secretaría de Hacienda y la PGR, recibieron más de 619 millones de pesos en cientos de depósitos bancarios, mismos que retiraban el mismo día en que los recibían.

El SAT denomina el caso "fraude carrusel", que son las defraudaciones por más de 105 mil millones de pesos que entre 2008 y 2012 habrían causado grupos delictivos que venden comprobantes fiscales para deducciones fraudulentas.

La indagatoria señala que entidades gubernamentales, particulares e incluso grandes contribuyentes "contrataban" cualquier tipo de servicios con las compañías vinculadas a Edicom y recibían su respectiva factura, pero también la devolución de la mayor parte del dinero en efectivo, salvo el porcentaje del IVA y un cobro de comisión.

Según los documentos, las empresas sospechosas también recibían sumas millonarias de dinero de grandes consorcios, casinos, políticos del PRI y familiares de funcionarios calderonistas, para transferirlos a Panamá, Hong Kong, Dubai, Antillas Holandesas y Suiza.

Reforma recuerda que el 28 de junio del año pasado, la SEIDO inició la investigación UEIORPIFAM/AP/167/2012 por lavado de dinero, pero 35 días después el gobierno de Felipe Calderón instruyó que el caso fuera indagado sólo por delitos fiscales, por lo que el caso fue turnado a la Subprocuraduría de Delitos Federales, que instruye ahora la indagatoria bajo el número UEIDFF/FISM16/265/2012, indican registros judiciales.

Según un funcionario, la instrucción de cancelar la pesquisa por lavado vino después de descubrirse que Edicom también estaba vinculada con el dinero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, aunque las evidencias fueron desaparecidas en la pasada administración.

Aunque las empresas relacionadas a Edicom no se dedicaban al giro que tenían registrado oficialmente y que sus propietarios eran en realidad empleados con ingresos menores a los 4 mil pesos mensuales, un mes después de la elección, la PGR renunció a indagar el lavado.

Una fuentes cercana al asunto dijo a Reforma que "esta investigación es el seguro de vida de la Procuradora Marisela Morales, de los ex titulares de la Secretaría de Hacienda y el SAT, José Antonio Meade y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no es casualidad que sean los únicos que recibieron cargos en el sexenio del PRI.

"El motivo por el cual esta indagatoria fue cancelada en la SEIDO es que también se descubrieron operaciones financieras que tocaban la campaña de Josefina Vázquez Mota, pero esta información fue rasurada", apuntó.

Fue en junio de 2012, cuando Roberto Gil Zuarth y Juan Ignacio Zavala, coordinador y vocero de la campaña de Josefina Vázquez Mota, por primera vez denunciaron que el PRI había sobrepasado por más del doble los gastos de campaña.

Dijeron que en los tres meses de campaña, 300 delegados distritales del PRI recibirían 54 millones a través de los monederos electrónicos, y que otros 19 mil 490 representantes generales, la suma de 389 millones 800 mil pesos.

Posteriormente, la SEIDO inició una indagatoria con base en dos elementos: una carta anónima suscrita por un supuesto contador de la empresa Edicom, y el oficio 110/H/787/2012 de la Unidad de Inteligencia Financiera.

El autor del texto anónimo decía haber trabajado para Edicom, Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales, hasta que le decomisaron dinero y fue amenazado de muerte por sus jefes.

Señaló directamente a Alberto Grande Vidaurre y Raúl Álvarez Longoria, quien fondeó los monederos Monex del PRI, de encabezar un organización que lavaba dinero del narcotráfico, mediante la compra de vehículos e inmuebles de lujo.

Fuente: SDP Noticias