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En la investigación de PGR por la red de lavado de dinero en la que participaron partidos y políticos, la punta de la madeja es Raúl Álvarez Longoria.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Álvarez Longoria de 33 años de edad, manejó en sólo cinco meses recursos por más de 240 millones de pesos en sus cuentas bancarias.
Reforma publica que en la investigación de PGR por la red de lavado de dinero en la que participaron partidos y políticos, la punta de la madeja es Raúl Álvarez Longoria.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Álvarez Longoria de 34 años de edad, manejó en sólo cinco meses recursos por más de 240 millones de pesos en sus cuentas bancarias.
Entre febrero y julio de 2011 le detectó en dos cuentas bancarias depósitos por 244 millones 814 mil 809 pesos y no hay registro de que pagara impuestos.
Las autoridades no han encontrado hasta ahora una justificación del origen de su dinero, pues Álvarez Longoria se dio de alta como contribuyente en Hacienda apenas el 17 de diciembre de 2010 –dos meses antes de que empezaran a correr caudales de dinero por sus cuentas–, y sus declaraciones de ingresos ante Hacienda están en ceros.
Álvarez Longoria tiene un total de tres cuentas registradas con distintos domicilios del Distrito Federal y con actividades económicas diversas.
Ayer, el mismo diario publicó que partidos políticos estarían involucrados en una red de lavado de dinero y evasión fiscal que es investigada por la PGR.
El diario señaló el caso específico de los monederos electrónicos Monex de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, los cuales, según la investigación federal, fueron financiados en parte por una red criminal dedicada a la venta ilegal de facturas, simulación de contratos y el lavado de dinero.
Al menos 23 millones de pesos ingresaron a la campaña del PRI en el 2012, provenientes de un entramado de empresas “virtuales” vinculadas a Edicom, Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales, que llevaban años reportadas por operaciones financieras sospechosas.
