A siete días de iniciadas las protestas, la CNTE ya perdió la batalla política: hoy el debate social, político y ciudadano en el DF gira en torno al abuso de las marchas, la agresión a la vialidad, los daños a terceros y la urgencia de usar la policía para defender a los ciudadanos; la reforma educativa pasó a tercer término; y en el interior del país, el conflicto educativo es inexistente.

El sentimiento de repudio de la población que usa la ciudad para trabajar y que tiene que aumentar su vida-transporte por los bloqueos ha llevado a una conclusión: la necesidad del uso de la fuerza no para reprimir a los manifestantes sino para impedirles el cierre total de calles, avenidas y carreteras y más daños a los ciudadanos.

El DF se encamina a una solución como la de Oaxaca 2006: la intolerancia magisterial llevó al gobierno federal a negociar acuerdos pero al final envío a la Policía Federal a recuperar el espacio público y soberano del Estado.

La crisis vial en el DF ha puesto ya en la agenda la petición social a la autoridad para aplicar las leyes porque los abusos de la CNTE han afectado a terceros. La autoridad cuenta con los instrumentos legales y sociales para impedir que la protesta magisterial cierre las calles como elemento de presión. A diferencia de Atenco, hoy la sociedad pide frenar los abusos de los maestros de la CNTE y exige que se aplique la ley con la fuerza, como lo dejó entrever la declaración de la Comisión de Derechos Humanos el DF.

Y el propio PRD ha creado instrumentos legales para ello: la utilización de la policía contra manifestaciones violentas fue promovida en 2008 por el expriísta-exsalinista-neoperredista Marcelo Ebrard al aprobar la ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del DF. El artículo 8 de esa ley establece las razones sociales y no políticas por la cuales la policía puede usar la fuerza contra manifestantes: “cuando estén en riesgo los derechos y garantías de personas e instituciones, la paz pública y la seguridad ciudadana”.

El artículo 9 autoriza el uso de la fuerza para “proteger o defender bienes jurídicos tutelados”. Y el 25 permite el uso de la fuerza cuando una manifestación se torne violenta; y define: “se considera que una manifestación es violenta cuando (…) en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se provoca la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana”.

A lo largo de estos días, la CNTE ha privatizado para sí el espacio público en franco reto provocador a la autoridad. La forma autoritaria de la CNTE vía el estrangulamiento vial del DF para exigir que el gobierno y el Congreso deroguen leyes e impongan las de los maestros disidentes es una forma de dictadura de las minorías. Paradójico: los maestros disidentes acusan de autoritarismo al gobierno por aprobar leyes y ahora quieren que con ese mismo método las deroguen.

La CNTE ha decidido ilegalmente y violando su contrato de trabajo suspender las actividades educativas en las escuelas y ocupar el centro histórico y las calles del DF para obligar a las autoridades a violentar procesos legislativos. Pero el todo o nada de la CNTE siempre ha terminado en nada: como en Oaxaca 2006, en lugar de negociar la agenda educativa, pronto negociarán la liberación de maestros que serán detenidos por violencia política.