De ahí que los ciudadanos capitalinos que habían visto cómo el PRD se apoderaba impunemente de las calles desde 1997 sin respetar las reglas de convivencia plural y que habían padecido día con día los bloqueos y marchas que interrumpían la vialidad la semana pasada se percataron del uso de la policía no para reprimir ni para criminalizar la protesta social sino para recuperar espacios territoriales a favor de la sociedad y no de un grupo minoritario.

Este dato podría ser el más importante de Miguel Angel Mancera en su primer informe de gobierno hoy en la Asamblea Legislativa: la mano firme para rescatar vialidades expropiadas impunemente por protestas sociales sería también el factor más importante que tendría a su favor para buscar --ahora sí-- la reforma política del DF no a favor de alguna tribu del PRD sino de la ciudadanía.

A lo largo de casi un mes, Mancera fue bombardeado desde los dos flancos: los perredistas aliados a la CNTE y vinculados al López Obrador que sobrevive de la agitación social y la ciudadanía que volvió a hartarse de la impunidad de grupos radicales minoritarios que cerraron periférico, interrumpieron varias veces el sistema nervioso capitalino del Paseo de la Reforma y se apropiaron del zócalo con barricadas que quisieron anunciar la Comuna del DF.

El gobierno federal apoyó a Mancera pero le dejó la carga de la decisión de usar la policía. El principal operador del jefe de gobierno fue Héctor Serrano, una herencia de Marcelo Ebrard pero con lealtad institucional: en 1997 Serrano fue el pivote para impedir una crisis constitucional que quería provocar el gobierno de Zedillo cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y hubo de encarar al Grupo de los Cuatro partidos opositores como mayoría absoluta.

Zedillo y el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, buscaron que la cámara no se instalara. Sin  embargo, el responsable operativo de la Cámara era Serrano y con institucionalidad republicana le entregó al G-4 el águila simbólica que preside la mesa directiva y la campana que llama a los legisladores; ése sólo hecho decidido por Serrano evitó la jugada priísta de romper el orden constitucional y consolidó el mandato electoral de un PRI minoritario.

Las presiones para la represión fueron intensas sobre Mancera pero pudo sortear con habilidad y madurez política el juego de poder de decidir entre la impunidad de la CNTE y el enfoque policiaco de los radicales. Y por más que la CNTE quiso gritar represión, el uso de la fuerza fue sólo para liberar el zócalo del DF que los radicales rupturistas habían expropiado para sí. Mancera respondió a su condición de gobernante ciudadano.

La solución política de fuerza utilizada por Mancera puso punto final al abuso de los grupos radicales de convertir las marchas y plantones en presiones para exigir demandas sin pasar por su validez. De 1988 al 2013, el perredismo expriísta y neopopulista convirtió las calles de la ciudad en un caos vial detrimento de los derechos de terceros; en el fondo, el problema no eran las marchas ni los plantones en sí, sino la acción de los grupos para cerrar vialidades como método de presión.

Mancera ha logrado darle la oportunidad al PRD para trascender la fase de la protesta y el plantón y arribar a la acción política de gobierno. Falta que el perredismo quiera ir más allá de la marcha para convertirse en un partido real y no en una masa callejera.