Los gobiernos priístas fallaron en usar la fuerza: pasaron de Tlatelolco al atencazo, con el intermedio del uso del dinero para desalojar plantonistas del zócalo; en cambio, los gobiernos panistas no vacilaron  en utilizar a la policía federal en diciembre de 2006 para recuperar los espacios expropiados por la APPO pero sin sentido político.

En la crisis política por el fraude electoral de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas respondió con mesura para evitar la violencia de la polarización. Hubo marchas y mítines numerosos pero respetando las reglas del juego; en aquel entonces un importante operador salinista dijo con preocupación que hubieran tenido que entregar las llaves de Palacio Nacional si las protestas cardenistas juntaban dos millones de personas en el zócalo.

De las marchas y mítines como expresión de la disidencia política Andrés Manuel López Obrador pasó su uso como forma de presión urbana para obtener beneficios. Al arrancar el sexenio salinista hubo dos formas de protesta: la moral del potosino Salvador Nava que provocó la concertacesión de gobernador interino y la violenta de López Obrador que no logró la anulación de elecciones.

De las marchas se dio el paso cualitativo a los plantones: en septiembre de 1993 López Obrador compró la protesta de barrenderos de Villahermosa en el zócalo del DF y sólo entregó la plaza para el Grito y el desfile con el pago de dinero a los plantonistas por el “desgaste físico”. En el 2004 López Obrador llenó varias veces el zócalo para ocultar la impunidad del incumplimiento de un amparo que obligaba al desafuero del jefe capitalino.

La CNTE ha utilizado el plantón, el cierre de vialidades y las marchas como mecanismo de presión de una minoría para imponerle decisiones a la mayoría. Ante el temor de la violencia social, los gobiernos priístas eludieron el choque y los panistas usaron a la policía como última instancia. Con el temor a la agudización de las protestas, los gobiernos dejaron las calles y carreteras a los manifestantes que no quisieron usar los caminos legales.

Los gobiernos perredistas de Cárdenas, López Obrador y Ebrard fueron cómplices de las marchas y plantones con el pretexto de la “criminalización de la lucha social”, aunque abandonando a la población que necesitaba las calles para transportarse. De ahí la importancia de la decisión del gobierno perredista de Miguel Angel Mancera de atender los reclamos de la población mayoritaria contra los plantones de la CNTE, pero sin criminalizar la protesta.

Ahora el PRD tiene el desafío de asumir su legalidad para luchar por los caminos institucionales. En 1939 el gobierno revolucionario legalizó al PAN y luego le dio diputados de partido porque la derecha no lo dejaba gobernar y luego el gobierno priísta de López Portillo legalizó al Partido Comunista para llevar a la izquierda a los espacios institucionales; sólo que la izquierda se dividió entre la legal y la callejera que magnificó López Obrador.

Luego de su viernes 13, el PRD y sus aliados, protegidos o simpatizantes están obligados a replantear sus espacios de lucha. Pero si regresan a la toma de las calles, la policía ya demostró que es posible aplicar la ley sin represión. Si grupos perredistas están en desacuerdo con la institucionalidad, tienen el derecho de salirse de ese espacio, pero sin exigir respeto legal a prácticas ilegales.

Tanto tiró la CNTE el cántaro de la protesta social al pozo, que se rompió la cuerda y se quedó en el fondo.

www.grupotransicion.com.mx

carlosramirezh@hotmail.com

@carlosramirezh