Las direcciones seccionales del SNTE que forman la CNTE controlan los salarios, los créditos, las plazas, las pensiones, las comisiones y la venta de productos y servicios de los profesores, además de que los gobernadores le han cedido a la Coordinadora posiciones dentro de la estructura educativa estatal aunque a costa de dejarlos como jueces y parte.

Y el otro tema que ha enardecido a la CNTE es el regreso al centralismo presupuestal porque el pago a los profesores se hará desde el gobierno federal. Las amenazas, los plantones y las marchas estatales obligaban a los gobernadores a ceder a los chantajes de las secciones y por eso le daban tantos beneficios a la CNTE.

La reforma sí afecta el federalismo, pero a partir de la experiencia de que los gobernadores en las plazas calientes de la CNTE --Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero-- han carecido de determinación y fuerza políticas para recuperar la rectoría educativa en sus entidades. El caso que tomó la reforma educativa como referente fue el de Oaxaca: la minuta gobierno estatal-Sección XXII de 1992 por la que el Instituto Estatal de Educación Pública prácticamente pasó a manos de la disidencia magisterial por la incorporación de maestros sindicalizados a posiciones de poder en el organismo.

La crisis permanente en Oaxaca por el abuso de la XXII en la realización de paros sin temores a descuentos salariales sólo podría terminar cuando el gobierno estatal decida disolver el IEEPO como organismo separado de la estructura de gobierno y se reinstale la Secretaría de Educación Pública estatal en el gabinete. Pero los compromisos político-electorales del gobernador Gabino Cué con la XXII impiden que el gobierno estatal recupere la rectoría de la educación oaxaqueña.

De ahí que la reforma educativa sea en los hechos la última oportunidad del gobierno federal para poner orden administrativo y laboral en la educación pública a nivel nacional, quitándole a las secciones disidentes de la CNTE el poder político para controlar a la masa de profesores. Los maestros prácticamente se ven obligados a no dar clases y asistir a marchas y plantones como una forma de no perder sus derechos pero no ante la autoridad como empleador sino ante la dirección sindical como la estructura de poder que los controla.

La única manera para regresar a los maestros disidentes de la CNTE a la racionalidad institucional se localiza en la decisión política para: reabrir las escuelas, regresar las oficinas educativas a los gabinetes estatales, no pagar salarios porque ningún maestro aguanta dos meses sin cobrar, quitarle a la CNTE los 30 mil maestros comisionados en labores de plantones y marchas sin dar clases, recuperar el dominio oficial sobre las plazas, cerrar la llave de las prestaciones adicionales a las secciones con partidas presupuestales que sólo sirven a la CNTE para financiar su rebeldía y fortalecer su poder de dominio sobre maestros y pactar con los padres de familia el funcionamiento de las escuelas aún sin los maestros disidentes.

La CNTE se percató de la estrategia gubernamental y prefirió acordar la desactivación del movimiento el jueves y el viernes, pero hubo dos hechos imprevistos: el apoyo de López Obrador y la UNAM a la disidencia y la rebelión de las bases radicales. En este sentido, la opción conciliadora del gobierno dejará el paso a la opción de dureza.

Recuento: veintiséis días escolares sin clases por el paro de la CNTE.