El PRI no ha sabido operar el bono político y democrático del presidente Peña Nieto y ha dejado todas las negociaciones en manos de los coordinadores parlamentarios. Sin embargo, el PRI es, ante todo, un aparato de poder. Las reformas salinistas se dieron con un PRI fuerte dirigido por Luis Donaldo Colosio y su jefatura político-legislativa.

El papel del PRI debería ser el de la coordinación de la coalición dominante en el partido: gobernadores, jefes de las bancadas, partidos estatales en zonas fuertes, corporaciones sindicales y campesinas y organismos representantes de la sociedad civil y de la sociedad política.

Sin embargo, el presidente Peña Nieto aparece aislado, Gobernación y las bancadas legislativas no pueden hacer el trabajo que le corresponde a la estructura del partido y la negociación de las reformas se hace en los medios. Paradójicamente, hoy como nunca antes la oposición se encuentra cuarteada, debilitada, con pugnas internas que amenazan su fortaleza, pero sin que el PRI tenga la movilidad política para capitalizar su hegemonía.

El PRI tampoco ha podido establecer los espacios de negociación con los poderes fácticos: los organismos de las cúpulas empresariales, los controladores de estructuras de poder como las telecomunicaciones, las estructuras dominantes en los estados y los sectores que saldrían afectados con algunos chicotazos de las reformas. Las mayor parte de las restricciones a la reforma hacendaria y los obstáculos a la reforma energética tienen que ver con falta de mecanismos de negociación política que por efectos propios de las propuestas. Y como elemento aglutinador el PRI ya no provee el discurso político de las reformas.

Desde el arribo de Peña Nieto a la presidencia de la república, el PRI ha brillado… por su ausencia. Y eso que en las áreas decisivas de las reformas estructurales --Hacienda, Gobernación y Energía-- hay titulares que tuvieron hasta hace poco una actividad partidista relevante. Las bancadas legislativas priístas hacen esfuerzos por negociar reformas en sus espacios políticos, pero el saldo es insuficiente porque les hacen falta las estructuras de poder del PRI.

La figura de César Camacho como presidente del PRI aparece deslavada, sin fuerza política, a pesar de su formación política. En los pocos meses de gestión no ha podido colocar al PRI como el espacio central de las negociaciones políticas. Los sectores corporativos no se mueven, los gobernadores priístas operan como virreyes y los comités estatales del PRI tampoco existen políticamente. El PRI como el mecanismo de coordinación política parece un motor desbielado.

Las reformas hacendaria y energética requieren de un discurso político que sólo puede salir del PRI, por más que hayan avanzado un poco en las negociaciones sobre y bajo la mesa. Pero el PRI no aparece en el escenario de las reformas. Su papel histórico fue el de mediar entre los factores de la producción, pero hoy se ve con facilidad que los líderes de la cúpulas empresariales ocupan posiciones políticas que antes estaban dominadas por el PRI.

Las reformas estructurales tienen obligadamente efectos de redistribución del poder político. Pero la pasividad del PRI le ha cedido espacios políticos a la estridencia del PAN, a la tribalización del PRD y a los poderes fácticos y sus grupos de interés. De ahí que las reformas estructurales se diluyan por la falta de un aparato político de poder del presidente de la república.