Aunque el valioso tiempo de legisladores y dirigentes partidistas no debería indagar qué fue primero, sino llegar a la conclusión de que los tiempos de acomodo de las reformas obedecen a la falta de un cronograma político. La reforma de la política fiscal no llegará a ninguna conclusión mientras se trate de decidir en un juego de fuerzas para imponer la voluntad del más poderoso.

La crisis fiscal del Estado estalló en 1971 cuando el gobierno de Echeverría decidió aumentar el gasto público sin modificar la estructura de los ingresos y financiando el gasto adicional con deuda y emisión de dinero, lo que dañó la inflación y afectó la estabilidad cambiaria.

Las razones de Echeverría fueron inobjetables: la marginación; sin embargo, las decisiones provocaron primero la ruptura del sistema económico basado en la economía mixta. De la ola inflacionaria de 1973 a la crisis del crecimiento del 2013 existe un común denominador: la crisis del sistema económico, es decir, la crisis del modelo de desarrollo.

La modernización política provocada por el colapso del 68 llevó a ajustes en el sistema político pero sin relacionarlos con el sistema económico. La clave de la fase de alto crecimiento económico mexicano con baja inflación 1954-1970 fue producto de la estabilidad en la relación política y economía. La democratización política reciente ha generado nuevos actores y más espacios de participación, pero éstos han desentonado los acuerdos económicos. El rezago de pobreza descubierto por Echeverría en 1970 empujó políticas populistas que aumentaron la marginación y la ola neoliberal estabilizó de nuevo la economía pero aumentando aún más los niveles de pobreza.

Hoy México no puede encontrar fórmulas productivas que atiendan estructuralmente la pobreza --no nada más programas asistencialistas de dinero o bienes regalados-- que al mismo tiempo aumenten la producción y al final de cuentas consoliden la estabilidad política. Ahí se localiza la célula madre de la crisis nacional.

La Convención Nacional Hacendaria de 2004 fue clave en la lógica de la alternancia partidista en la presidencia de la república y del camino de redefinir el carácter del Estado. Pero los panistas en el poder no entendieron el desafío, no pudieron ofertar una alternancia productiva y no supieron negociar, y entre ellos estaba el diputado Gustavo Madero, entonces presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara y hoy presidente nacional del PAN.

El regreso del PRI a la presidencia se dio electoralmente pero sin un partido renovado ni reforzado y hoy prácticamente inexistente como partido en la coalición dominante que administra el logotipo tricolor en el poder. El bono político y democrático del presidente Peña Nieto dependerá del funcionamiento del PRI como partido y no como franquicia. Más por necesidad que por poder, el presidente de la republica tendrá que tomar el manejo político del PRI a favor de su propuesta de modernización nacional.

Los debates sobre los impuestos son mezquinos y demasiado pequeños en el escenario global de las reformas. La cámara de diputados destrozó la propuesta hacendaria presidencial y el senado terminará la carnicería: lo aprobado es producto de negociaciones entre partidos para mantener la fuerza de sus dirigentes, no de encontrar lo mejor para el país. Los legisladores, de nueva cuenta, no estarán a la altura del desafío de la crisis nacional: confunden reforma fiscal con política de ingresos.