Por primera vez un miembro de la familia real española tendrá que declarar ante los tribunales luego que el juez José Castro decidiera imputar a la Infanta Cristina por su relación con los presuntos delitos de corrupción cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, cuando se encontraba al frente del Instituto Nóos.
El juez del juzgado de instrucción número 3 de Palma, que instruye el caso Nóos, imputó finalmente a la Infanta Cristina y la citó a declarar el próximo 27 de abril a las 10:00 horas locales.
La imputación del magistrado se produce una semana después de que Diego Torres, el ex socio de Urdangarin, aportara a la Justicia nuevos correos electrónicos para demostrar la vinculación de la Infanta con las actividades de Nóos, una institución sin ánimo de lucro que supuestamente sirvió de tapadera para el desvío de fondos públicos.
En la documentación aportada por Torres figurarían varios correos que el Duque de Palma envió a su mujer, la Infanta Cristina, para consultarle algunas gestiones que tenía planeadas realizar cuando presidía el Instituto Nóos.
"Hay dos versiones. Clientes, 'colab' y amigos y la otra para Octagon (no quiero sacar ampollas). Léelo y dime lo que piensas please... Ciao", escribe Urdangarin en uno de los correos remitidos a su esposa.
"A veces por no saber lo que piensas voy más perdido, pero mi reacción no es la de dejarte así", agrega el Duque de Palma que en otro correo notifica a la Infanta la resolución de la automotriz japonesa Nissan sobre un concurso en el que Nóos habría presentado la mejor oferta.
La decisión de imputar a la hija del Rey se produjo luego que ayer el juez Castro dictara un auto judicial en el que rechaza la petición formulada por Urdangarin, que había demandado la nulidad y expulsión de la causa de los correos aportados por su ex socio Torres en el Instituto Nóos, también acusado.
El Magistrado recuerda que durante la investigación ninguno de los comparecientes denunció la falta de autenticidad de los correos aportados a la causa por el ex socio de Urdangarin que, según diversas fuentes, estaría filtrando progresivamente los e-mails para chantajear a la Casa Real y evitar una condena en solitario.
La Fiscalía Anticorrupción de España se pronunció en varias ocasiones en contra de la imputación de la Infanta Cristina por considerar que no existían indicios de que tuviera conocimiento de la actividad ilícita de su cónyuge.
La negativa de la Fiscalía para que la hija de Juan Carlos fuera llamada a declarar contrastaba con la posición del sindicato Manos Limpias, personado en la causa de Nóos, y que demandó reiteradamente la citación como imputada de la Infanta alegando que fue beneficiaria directa del incremento patrimonial y de los ingresos obtenidos de manera fraudulenta por su marido, el Duque de Palma.
Según el sindicato, que ejerce de acusación popular en el proceso, la hija menor del Monarca español fue autora directa por encubrimiento, complicidad o cooperación necesaria, y por tanto beneficiaria de las presuntas actividades delictivas de Urdangarin.
El Duque de Palma, en su comparecencia ante los tribunales, exculpó a su esposa manifestando que ella, a pesar de figurar en la directiva de Nóos y ser copropietaria de una de las empresas de la trama, no tenía nada que ver con las irregularidades detectadas en la gestión de fondos públicos recibidos por el Instituto.
Sin embargo, el magistrado de la causa había mostrado su perplejidad ante el hecho de que la Infanta desconociera totalmente las actividades que condujeron a Urdangarin ante los tribunales españoles.
El juez Castro ya había advertido al Duque de Palma que su insistencia sobre el papel meramente formal que la Infanta habría desempeñado en el Instituto Nóos podría desencadenar su citación como implicada, tal como ha sucedido.
Junto a su ex socio Diego Torres, el yerno del Rey está acusado de montar un entramado empresarial para desviar fondos públicos a paraísos fiscales cuando presidía Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que recibió 5. 8 millones de euros entre 2004 y 2007 de varios Gobiernos regionales.
En caso de ser hallado culpable, Urdangarin podría ser condenado a penas que oscilan entre 1 y 16 años de prisión por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental y prevaricación.
