La diputada federal por el PRD, Roxana Luna Porquillo, hizo públicas las presiones de las que ha sido objeto por parte de políticos cercanos al gobierno morenovallista y del PRI para no continuar con la controversia constitucional en contra de la privatización del SOAPAP y del servicio del agua.
Además, advirtió que en caso de que la controversia constitucional sea bloqueada, acudirá de forma directa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar la revocación de la reforma a la Ley Estatal del Agua que se aprobó en septiembre pasado.
El 7 de noviembre, Luna Porquillo presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a presentar una controversia constitucional en contra de la concesión del servicio del agua en Puebla a una empresa privada. Incluso la legisladora fue respaldada por su coordinador parlamentario, Silvano Aureoles Conejo.
En entrevista al finalizar la conferencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el edificio Carolino de la BUAP, la izquierdista explicó que el dictamen que también cuenta con el respaldo del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano quiere ser bloqueado, principalmente por personajes del partido tricolor que tienen intereses con el gobierno del estado a nivel federal.
“Yo tengo la obligación de defender y posicionar los problemas que existen al interior del estado, hay muchos amigos al interior de la Cámara que han solicitado que bajemos el punto, vamos a insistir hasta el último para que pueda ser un tema discutido en el pleno. Varios diputados me lo pidieron, yo recibí varias llamadas. No sé si son de Moreno Valle, pero habrá que preguntarle al PRI, porque ellos son de los principales interesados en que se saque”.
No obstante, explicó que en reuniones con el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar su intervención en el proceso para declarar como inconstitucional la reforma a la Ley Estatal del Agua, se le informó que este cambio en la legislación estatal será seguido por oficio por la SCJN.
“Es un tema importante, porque en el momento en que le pedimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intervenga para ellos hacer la acción inconstitucional, nos dijeron que es de oficio, por lo que no creo que la comisión se vaya a evidenciar en lo que finalmente es su obligación”.
Por último, Roxana Luna señaló que esta misma situación la vivió su compañero en San Lázaro, el coordinador de diputados federales del Partido de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal Ávila, quien de igual forma recibió llamadas para retirar el punto de acuerdo que es impulsado por su instituto.
