El líder estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo, descartó que los ediles emanados del tricolor estén involucrados en el escándalo de las “mochadas” en la Cámara de Diputados, pues refirió que al Comité Directivo Estatal que encabeza no han llegado quejas de sus alcaldes.

En entrevista, el dirigente del Revolucionario Institucional comentó que mantiene un acercamiento constante con los presidentes municipales en funciones y electos del partido, y hasta el momento no ha recibido alguna queja por el pago de diezmos a los legisladores del tricolor a cambio de obras o mayores recursos para sus localidades.

“Nosotros no vamos a entrar en un juego de suposiciones, confiamos en nuestros presidentes en funciones y en los electos; sin embargo cualquier irregularidad es obligada que se esté dando a conocer, para que se pueda dar el procedimiento legal correspondiente”.

Al respecto, el diputado plurinominal electo criticó las denuncias de los alcaldes en funciones y que fueron revelados por medios nacionales como El Universal y Reforma, al indicar que “ya son mayores de edad”, además exigió que si en realidad existen pruebas para comprobar los hechos se sancione conforme a la ley.

“En primer lugar los ediles ya son mayores de edad y ya saben qué hacen, a los que se deben es al pueblo y deben respetar la ley, cualquier acción contraria debe de ser sancionada penalmente”.

A pregunta expresa que si ediles del tricolor han denunciado extorsiones por parte de los diputados federales del partido o de otras fuerzas políticas, Fernández del Campo dio a conocer que sus correligionarios se mantienen al margen de este escándalo que involucra a legisladores del PAN y del PRD, incluso hasta la ex candidata a presidenta de la República, Josefina Vázquez Mota.

“Nosotros estamos trabajando con nuestros presidentes en funciones y con los electos, en los temas políticos y de capacitación, nos interesa mucho el tema de la entrega-recepción, en eso estamos trabajando y seguiremos así”.

El miércoles, el líder estatal del Sol Azteca, Eric Cotoñeto Carmona, acusó a su diputada federal Roxana Luna Porquillo de extorsionar a alcaldes de su partido, a quienes les pide una cantidad de dinero a cambio de invertir en obra pública con el recurso del bono que recibieron los legisladores por aprobar las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto.