Con el aval del PRI y con voto unánime, el Congreso local cumplió la encomienda de degradar las juntas auxiliares a meros órganos desconcentrados de los ayuntamientos, así como a desmantelar sus facultades. En último minuto también se avalaron modificaciones a la Ley Orgánica Municipal para “meter en cintura” a los regidores y obligarlos a asistir puntualmente a las sesiones de las comisiones de cabildo y que sesione por lo menos una vez al mes cada una de ellas.

El dictamen que fue aprobado con 40 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, estipula en sus artículos 52, 54 y 94 una nueva reglamentación para los próximos cabildos municipales —incluidos de último momento por Mario Riestra a petición de Gali Fayad— que se creará una comisión de vigilancia para sancionar a los regidores faltistas y que se cumplan en tiempo y forma las sesiones mensuales de las demás comisiones, con lo que podrán ser sustituidos en caso de reincidencia en faltas injustificadas.

La reforma a dichos artículos de la Ley Orgánica Municipal no estaba contemplada en la iniciativa original de Riestra Piña, ni en la presentada la semana pasada por la fracción parlamentaria del PRI.

También, se concretó el cambio de la figura legal de las demarcaciones ahora convertidas en órganos desconcentrados de los ayuntamientos con vinculación directa a las secretarías de Gobernación municipales.

Los ediles auxiliares serán sujetos de fiscalización por parte de la Contraloría municipal, instancia a la que deberán reportar los ingresos de manera anual, con ello se evitará la opacidad en el manejo de los recursos públicos que recibirán por el cobro de panteones y puestos ambulantes.

Los presidentes subalternos no tendrán la facultad de nombrar a los encargados de la seguridad pública, y dependerá directamente de las autoridades municipales asignar a los elementos que realicen las acciones de vigilancia en dichas demarcaciones, limitándose sólo a coadyuvar en la designación de los uniformados.

Mejía pide clarificar el delito de violación

Además, el diputado priista Gerardo Mejía Ramírez presentó una propuesta para clarificar el delito de violación, ya que actualmente en el Código Penal no está definido el término de cópula sin consentimiento, lo cual ha generado atraso y complicaciones en los procesos.

El punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su discusión y posible aprobación, estipula sanciones también a quienes siendo testigos no denuncien casos de violación y acoso sexual.

Los castigos de este delito van de los seis a los veinte años de prisión y multa de 50 a 500 días de salario mínimo, pero en el caso de que la víctima sea menor de 18 años o mayor de 70 se duplica la pena.

Homologan Código Fiscal del estado con el federal

En la misma sesión los diputados locales aprobaron la iniciativa del Ejecutivo del estado, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hacienda y del Código Fiscal del Estado de Puebla, con el propósito de homologar dichos ordenamientos con los federales.

La propuesta que envió Moreno Valle la semana pasada elimina el uso de la declaración informativa y se establece la obligación de la presentación de declaraciones periódicas mensuales en ceros para el Impuesto Sobre Nómina y Sobre Servicios de Hospedaje, a fin de evitar el uso indebido de éstas por parte de los contribuyentes.

Propone Cigarroa proteger a periodistas

Por otra parte la diputada del PRD, Dora Luz Cigarroa Martínez, presentó una iniciativa de ley para la protección social de los periodistas del estado de Puebla, a fin de garantizar el desarrollo y protección social éstos en el estado mediante fondos de ayuda administrados por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

La legisladora propuso la creación de un padrón estatal de periodistas, quienes podrán acceder a los beneficios y responsabilidades que se establecen con la operación de cuatro fondos, los cuales serían administrados por la Secretaría de Finanzas.

Los fondos que contempla el proyecto son: para la promoción de la salud de los periodistas y sus familias; fondo educativo para la formación profesional; becas para hijos de periodistas y un fondo de apoyo para la protección social de los periodistas.

Además, Cigarroa Martínez propuso la creación del consejo de periodistas del estado, el cual se integrará por cinco representantes, quienes fungirán como consejeros propietarios y contarán con sus respectivos suplentes. Los integrantes se encargarán de ser el enlace con los funcionarios de la SFA.