Tuesday, 17 de May de 2022

Presenta gobierno iniciativa para revertir sobrepoblación en Ceresos

Jueves, 05 Diciembre 2013 01:24
Consiste en que los delitos que no son de alto impacto y las personas que delinquen por primera vez realicen trabajo social, la Ley de Resocialización de los Infractores Normativos señala que“es propósito esencial de esta ley sustituir la pena de prisión en aquellos casos en donde no se afecte el interés, el bienestar o la seguridad de la sociedad”
  • Gerardo Ruiz



Con el objetivo de revertir la sobrepoblación en los penales de Puebla —uno de los más altos del país— y suplir las penas corpóreas con trabajos comunitarios, el gobernador Rafael Moreno Valle envió una iniciativa al Congreso local para la creación de la Ley de Resocialización de los Infractores Normativos, la cual estipula que aquellos internos que cumplan una condena por delitos que no son de alto impacto y que sea la primera vez que delinquieron, tengan la posibilidad de conmutar la pena con trabajo social pagado.



De acuerdo al último estudio de México Evalúa, Puebla posee cinco de las 13 prisiones más saturadas de reos en todo el país, incluida la prisión con más hacinamiento a nivel nacional. A esto se suma la falta de recursos para la construcción de los penales de Atlixco y San Pedro Cholula que se planeaban para el 2014.



El documento que fue turnado a comisiones para su análisis y del que CAMBIO posee una copia, señala que “es propósito esencial de esta ley sustituir la pena de prisión en aquellos casos en donde no se afecte el interés, el bienestar o la seguridad de la sociedad; facilitar la reinserción social de los condenados por infracciones normativas; y racionalizar el tamaño de la población penitenciaria”.



 



Trabajos comunitarios pagados



El artículo segundo de dicha normativa estipula que la privación de la libertad personal, decretada mediante sentencia judicial, podrá ser sustituida por una o más de las siguientes medidas: trabajo a favor de la comunidad; relación laboral formal independiente; aplicación educativa o de capacitación; y tratamiento de adicciones.



La iniciativa del Ejecutivo estatal precisa que “el trabajo a favor de la comunidad estará administrado por la oficina que determine el Ejecutivo del estado y se regirá por las normas reglamentarias que al efecto se expidan”.



Al respecto, se precisa que dicha dependencia que la administración estatal defina para fijar las sanciones, “se enfocará preferentemente a los servicios públicos y asistenciales, tanto estatales como municipales. Nunca podrá estar vinculado con funciones de seguridad pública o cívica ni implicar el ejercicio de alguna potestad de autoridad”.



Además, en su último párrafo señala que el trabajo social “podrá ser remunerado o recompensado. Mientras que la aplicación escolar deberá realizarse en establecimientos públicos o privados previamente aprobados”.



 



¿Quiénes pueden hacer trabajo comunitario?



En cuanto a los sentenciados en los que pueden aplicarse los términos antes referidos son aquellos que sea la única ocasión en que hayan delinquido aunque no hubieran quedado sujetos a proceso; que el delito por el que se encuentren sentenciado no se haya cometido en condiciones de alta peligrosidad, independiente del catálogo de delitos graves; y aquellos que no formen parte de organizaciones delictivas.



Los sentenciados que cometieron delitos en donde “no se haya puesto en peligro la vida o la integridad de la víctima” o “que el daño pecuniario no haya sido mayor de 170 salarios mínimos”, es decir 9 mil 920 pesos, podrán pagar su condena con trabajo social.



Los responsables de secuestro, violación u homicidio doloso, así como los servidores públicos que hayan delinquido en el ejercicio de sus funciones, no podrán acceder a esta sustitución penitencial.



 



Antecedentes



De acuerdo al estudio 2013 de la asociación México Evalúa, “La cárcel en México: ¿para qué?”, Puebla posee cinco de las 13 prisiones más saturadas de reos en todo el país, incluida la prisión con más hacinamiento a nivel nacional.



Entre los penales que destaca el estudio, se encuentra la cárcel distrital de Tepeaca como primer lugar nacional, con una sobreocupación de 578.26 por ciento; el penal de Izúcar de Matamoros, con 348.8 por ciento; el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Pedro Cholula, con 329.25 por ciento; el penal de Xicotepec de Juárez, con 324 .69 por ciento y la prisión de Atlixco, con 309.52 por ciento de sobrecupo.



El Cereso de San Miguel en la capital de Puebla presenta igual una sobreocupación de más de 50 por ciento. El penal de la capital tiene sobrepoblación por más de mil reos, donde debieran encontrarse 2 mil 206 reos, existen hacinados 3 mil 268 procesados.



El pasado 20 de noviembre, el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, reconoció que los proyectos para construir dos penales estatales en Atlixco y San Pedro Cholula no podrán llevarse a cabo el próximo año por la falta de los recursos para su edificación.

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