Aunque se esperaba la participación de más de 5 mil personas, sólo se congregaron menos de mil para marchar por las calles de la capital poblana, donde reiteraron su postura en contra de lo que llaman privatización del agua potable a través de la concesión del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), que está concretando el gobierno de estado con el sector privado.
La perredista María Eugenia Ochoa y el abogado de algunos de los que han recurrido a amparos, Abelardo Cuéllar, fueron quienes encabezaron la concentración que partió casi dos horas después de la cita en el Paseo Bravo, en el lugar conocido como El Gallito.
Con consignas en contra de la administración de Rafael Moreno Valle y con el reparto de volantes, en los que explican cómo afectará dicha acción a los poblanos, los quejosos caminaron sobre avenida Reforma hasta llegar al zócalo de la ciudad, en donde expusieron de nueva cuenta sus razones.
En entrevista con el representante legal, explicó que en las últimas dos semanas sumaron otros 20 amparos que buscan echar abajo la concesión del servicio hídrico que se encuentra en proceso de licitación para el municipio de Puebla y el área conurbada.
Recordó que en total suman más de 3 mil las personas que buscan echar abajo dicha iniciativa.
Sobre el hecho de que el gobierno local mandó la reforma recientemente para que no sean las empresas quienes establezcan las tarifas, sino el Poder Legislativo —que era uno de los puntos de conflicto y lo que orilló inicialmente a este grupo a alzar la voz— Cuéllar insistió que es “engañosa” la forma en la que se están haciendo las cosas, pues aseguró que la licitación ya se había lanzado, lo que significa que en una primera etapa sí será la iniciativa privada quien disponga de la tarifa.
En esta marcha participaron comuneros de la región de Tecamachalco y de la capital, así como miembros de la llamada Asamblea Social del Agua, entre otros simpatizantes de izquierda, quienes en conjunto gritaron y mostraron consignas como: “no a la privatización del agua”, “el agua es un derecho humano”, entre otras.
Los juicios de amparo siguen su paso ante los juzgados Tercero, Quinto y Séptimo de Distrito, cuyos fallos aún pueden recurrirse ante los tribunales colegiados en manera administrativa, los cuales tendrían la última palabra en el litigio, según explicó Cuéllar.
