La Cámara de Diputados se convirtió el miércoles 11 de diciembre de 2013 en el último gran reducto donde, quienes se oponen a la privatización del sector energético, intentaron detener la reforma energética.

Un intento opositor insuficiente, sin embargo, para detener la aplanadora brutal que conformaron el PRI, PAN y PVEM, la tríada que por encargo del presidente Enrique Peña Nieto decidió entregar el petróleo y la electricidad a compañías extranjeras, arguyendo que estaban dando un paso hacia el futuro, cuando —reviraban perredistas, petistas y de Movimiento Social— realmente han hecho retroceder a México hasta los tiempos oscuros y amargos de Porfirio Díaz. Una tríada priista, panista y pevemista “mendaz, terriblemente corrupta y muy cobarde” para enfrentar la ambición evidente de los Estados Unidos, el gobierno extranjero claramente beneficiario de los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

De madrugada, este miércoles el Senado había aprobado la reforma energética tras 22 horas de lucha parlamentaria. Al mediodía, convertida en minuta, la reforma llegaba a la Cámara de Diputados, convocada para sesionar a partir de las dos y media la tarde. San Lázaro, desde el anochecer del martes, había endurecido el cinturón de seguridad que desde hace semanas le construyeron policías federales, granaderos y el cuerpo de policías especiales del gobierno del estado de México, que en 2005 utilizó Enrique Peña Nieto para atacar al pueblo de San Salvador Atenco.

Muy temprano, del lado del metro San Lázaro, manifestantes afines a Andrés Manuel López Obrador chocaron con los policías del Estado de México. Saldo: dos policías y dos manifestantes lesionados. No era un prólogo al amor, sino todo lo contrario. Barbotaba del encontronazo la ira, la impotencia y la frustración. Las mismas tres emociones que aparecieron a las 2 y 23 minutos de la tarde en el recinto principal de San Lázaro, cuando diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano tomaron el control de la tribuna.

Dos cosas pedían a cambio de dejar la tribuna y abrir las puertas de ingreso al recinto, taponadas con los asientos-curules: que pospusieran la discusión de la reforma energética hasta en tanto no se celebrara la consulta popular y que se abriera un diálogo nacional para que los mexicanos supieran el alcance de la reforma.

Las propuestas causaron en la tríada aquella un efecto peor que una mentada de madre en ayunas. Enfurecidos, los priistas, panistas y pevemistas decidieron cambiar de sede, dentro de San Lázaro, ocupando el salón alterno donde el PRI suele celebrar sus plenarias. Y se vengaban, con ayuda de kilos guardias de seguridad de la Cámara, cerraron pasillos y puertas, y chocaban con perredistas, petistas y de Movimiento Ciudadano, al extremo de jalonearlos para que no pasaran.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, diputado del PT, denunció: “por instrucción de usted, Manlio Fabio Beltrones, no me dejaban entrar”. Huerta lo decía enrojecido de rabia, luego de jaloneos. Y enrojecido, soltó el gancho al hígado que Beltrones nunca ha podido evadir cada que alguien se lo suelta: “sabemos quién mató a Colosio; quiénes son los asesinos. Y ahora hemos sido agredidos. Ha habido amenazas y no me dejaban ingresar. Y tengo amenazas de Beltrones hacia mi seguridad personal. Hago responsable a Peña Nieto de mi seguridad personal”.

En el recinto improvisado, el sello de Beltrones era inocultable: quienes, siendo opositores, pudieron ingresar a la sesión en el salón alterno, quedaban en medio de diputados y diputadas priistas arracimados, que aguijoneaban y empujaban, jaloneaban. Estaban prendidísimos. El diputado Ricardo Monreal Ávila, tribuno irrebatible, había hecho virtualmente pedazos a los priistas, panistas y pevemistas, políticamente hablando, hacía unos minutos.

“Yo afirmo contundentemente que los diputados que hicieron uso de su derecho a tomar la tribuna actuaron con dignidad y decoro”, les dijo. “Esta reforma energética no pasa ninguna prueba de democracia participativa”.

Quienes tomaron la tribuna justificaron que lo hacían porque Beltrones había decidido, junto con el PAN y PVEM, dar madruguete a la oposición: llevarían directo al Pleno de los 500 diputados la minuta de reforma energética que les acababa de turnar el Senado, sin que pasara antes a comisiones, para su revisión y posterior dictamen. Estaban fraguando un golpe de Estado legislativo, similar al que prohijaron con la reforma política la semana pasada, que tampoco pasó a comisiones y fue aprobada por el Pleno sin que se le discutiera en comisiones, actuando el Congreso como si fuera un poder simulado en un gobierno dictatorial.

Doctor en Derecho, Monreal dijo en alusión a Juan Bueno Torio, el legislador panista al que el PRI le ha atribuido la redacción final de la reforma energética: “la contradicción entre concesiones y licencias es flagrante. Son dos tipos de propiedad distintas. O los que redactaron esto son unos imbéciles, porque confunden (términos distintos) o es una chicanada de abogados marrulleros”.

Y remachaba, con dos clavos: “están elevando a rango constitucional la imbecilidad y la marrullería. Y están cometiendo una canallada, una traición a la patria. Un crimen político del más alto nivel que se haya cometido contra un país”.

Después, mucha agua corrió por ese río de la reforma energética otrora subterráneo, de cuyas corrientes turbulentas apenas afloraron a la superficie con toda su fuerza destructora. Una reforma que se perfilaba para su aprobación hacia la parte más oscura y pesada de la noche: la madrugada, hora en que los legisladores mexicanos se han sentido más cómodos para hacer leyes.