Estos hechos simbólicos llevaron al autor a decretar el final de la lucha entre las ideologías y el triunfo de la democracia liberal en el mundo, como una premonición del final de las guerras y las revoluciones pues, según el autor, la gente comenzaría a luchar por medio del mercado para satisfacer sus necesidades y dejará de arriesgar la vida en luchas sangrientas. El final del paradigma de la revolución mexicana también ha llegado, es el final de sus instituciones, de su modelo de desarrollo económico y de sus aspiraciones sociales. Eso no está mal necesariamente, el problema es el nuevo paradigma que le sustituye.

Las reformas estructurales son el nuevo paradigma mexicano. Esas nuevas reglas ya han sido promulgadas tanto en su nivel Constitucional como en las leyes secundarias. Ahora al gobierno le quedan cuatro años para comenzar a demostrar que son lo que el país necesita para crecer, generar empleos y, sobre todo, bienestar generalizado. Digo comenzar porque la narrativa oficial ya nos advirtió que los verdaderos beneficios llegarán en los próximos años, algunos en el “largo plazo” (lo que es lo mismo que cuando ya estemos muertos).

La semana pasada escuchaba decir a Lorenzo Meyer que como historiador él no le encuentra rumbo claro a las reformas de Peña Nieto. Que los cambios parece que no conducen a ninguna parte al país, al menos no a un estado de cosas en el que estemos mejor los mexicanos. Coincido con él. Las reformas parecen parches a la medida de los intereses económicos afines al régimen, y no a cambios dentro de un modelo de desarrollo definido, con objetivos y metas establecidas, conocidas y útiles a la mayoría. Veamos algunos ejemplos.

La reforma energética afirma que bajarán los precios de la luz y del gas, pero no dice cuando ni en qué proporción, ni cuánto le costará al país en términos sociales o ambientales alcanzar ese beneficio. También señala que se incrementará la extracción de petróleo del subsuelo, pero eso por sí mismo no significa nada, a menos que reducir nuestras reservas y compartir una gran parte de las utilidades con empresas extranjeras sea un beneficio para los mexicanos. Nos prometen que se crearán miles de empleos bien pagados, tengo mis dudas, porque desde hace 30 años el empleo para las mayorías es todo menos bien pagado.

La reforma de telecomunicaciones promete reducir los costos asociados a larga distancia, internet, telefonía celular, es decir a los negocios de Carlos Slim. Por mi parte el anuncio se agradece, ahora quiero ver que el recibo de teléfono en enero de 2015 traiga el esperado descuento ¿usted lo cree? Por lo que hace a los intereses de las televisoras, éstos se mantienen intactos, nada que afecte realmente el tamaño de su negocio ni los contenidos de lo que transmiten. La alianza del régimen con las televisoras es algo más que estratégica para que el PRI mantenga el poder en las elecciones que vienen, de ahí que los intereses de Azcárraga y Salinas Pliego sean intocables.

La reforma fiscal ha logrado incrementar la recaudación del gobierno pero es indudable que ha detenido aun más a la economía en su conjunto. Esta lógica recaudatoria que condujo a la citada reforma trae beneficios temporales al gobierno, pero ocasiona daños permanentes a muchas empresas que tienen que cerrar ante la baja en sus ventas y el incremento de obligaciones fiscales. En México solamente algunas industrias consiguieron crecer en lo que va del gobierno de Peña Nieto, de las cuales la banca es la más notable.

El país no crece y no genera los empleos necesarios pero eso sí, los bancos son un excelente negocio. La reforma financiera debería favorecer mayor acceso al crédito y en condiciones más favorables para las empresas pero eso aun no ocurre. Otra vez, los intereses económicos afines al régimen resultan beneficiados con las nuevas reglas, los demás nos fastidiamos.

Así podríamos extendernos con ejemplos de las otras reformas e incluso profundizar en el análisis de cada una en particular. Ese no es el objetivo de este texto, sino poner de manifiesto el hecho de que los cambios impuestos por el régimen de Enrique Peña Nieto se ajustan más a las exigencias del “eficientismo” económico que a perseguir el bienestar de la sociedad, carecen de consistencia y peor aún, carecen de un plan que nos permita imaginar que México estará mejor en algún momento próximo.

A la pregunta de si México estará mejor en el futuro inmediato, puedo afirmar que no será así, porque los resultados conseguidos en los últimos años en México y el mundo son sumamente negativos en términos de bienestar social. El ingreso se ha concentrado de manera alarmante, al grado de que algunas fuentes serias estiman que el 40 % de la riqueza en el mundo está en manos del 1 % de la población. En México la concentración del ingreso también se ha agudizado y presenta patrones insostenibles (para más información ver esta columna de noviembre de 2013), pues muchos sobreviven con muy poco, y pocos se benefician con casi todo. Esta lógica concentradora es consecuencia de un modelo que redujo al Estado al mínimo para que fuese la mano invisible del mercado quien regule las relaciones económicas. El objetivo supuestamente racional de “eficiencia económica” de las empresas, se convirtió en el principal objetivo del Estado.

El Estado nunca fue concebido para favorecer la eficiencia económica, ese no es su propósito. En última instancia el Estado existe para garantizar el bienestar de los individuos con base en un sistema jurídico administrado por un poder público legítimo, y nunca como ahora, el modelo económico “eficientista” ha sido más adverso al propósito original del Estado. Con la llegada al poder de los tecnócratas, hace poco más de 30 años, en México se impuso el nuevo modelo y con él muchas industrias son más eficientes desde el punto de vista estrictamente económico, pero la economía en su conjunto es más ineficiente, injusta e inhumana. Esta es la paradoja que impone la realidad y que deja a México a la deriva.