Monday, 09 de December de 2019


Puebla, sin guardianes de la democracia




Escrito por  Julian German Molina Carrillo
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La realidad que se vive en el estado de Puebla y que percibimos una gran mayoría de los ciudadanos, es que todas las instituciones que deberían servir de contrapeso a las decisiones del poder ejecutivo para alcanzar el ejercicio de una auténtica democracia, se encuentran cooptadas y sin capacidad de decisión en cuanto al libre ejercicio de sus atribuciones, establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado y por lo menos en el corto plazo, no existen posibilidades reales de que esta situación se modifique, precisamente por la apatía ciudadana y porque las decisiones que afectan a la gran mayoría, sólo se conocen cuando se aplican en perjuicio de los poblanos.

Sobre este tema, Lorenzo Meyer, en su obra “Nuestra Tragedia Persistente” La Democracia autoritaria en México (Editorial Debate 2013), hace referencia al libro de Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, titulado “México, una democracia vulnerada” donde realizan una descripción de los orígenes y evolución de los guardianes institucionales de nuestra democracia: IFE,TEPJF e IFAI; señalando, que si bien en un principio el primero de ellos estuvo a la altura de las circunstancias, hace tiempo que dejaron de serlo, de acuerdo a su posterior comportamiento, como en el caso de la elección presidencial de 2006.

 

 

Tomando como referencia las ideas de estos académicos, si lo aplicamos al caso Puebla, nos encontramos con que en primer lugar, se ha vulnerado el principio de la división de poderes al concentrarse la toma de decisiones en uno sólo de ellos, que es el Poder Ejecutivo; ya que el Congreso se ha convertido en una oficina de trámites que aprueba en automático —y sin demora— toda iniciativa que le es enviada por dicho poder.

 

 

En el caso del Poder Judicial, éste se ha convertido en un poder sometido en forma abierta a las decisiones del gobernador, olvidando la autonomía que debe regir su actuar para preservar el Estado de Derecho en la entidad. Ejemplos sobran y serían materia de un análisis más profundo.

 

 

Otras instancias como el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de ahí autoridades como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría General de Justicia se encuentran al servicio del grupo gobernante, más no de los ciudadanos que con nuestros impuestos pagamos sus salarios.

 

 

Su trabajo deja mucho que desear y generalmente los funcionarios sólo obedecen las instrucciones que reciben de sus superiores, aun y cuando su actuar pueda ir en contra de las obligaciones que les imponen las leyes o atenten en contra de su ética como servidores públicos.

 

 

No tienen alternativa: o se someten a las instrucciones o pierden su empleo, al fin, ya vendrá otro que no piense y sólo haga lo que se le ordena, sin opinar.

 

 

Puebla carece de guardianes institucionales. Es por ello que nuestro Estado enfrenta una crisis de gobernabilidad, en cuanto al descontento social e inconformidad que existe en amplios sectores de la sociedad que no cuentan con instancias donde acudir a plantear sus problemas e inconformidades.

 

 

Ni qué decir de los partidos políticos, cuyo desprestigio crece día a día, vulnerando nuestra incipiente democracia, sin inclusión, insatisfactoria y que se derrumba, por la falta de capacidad de nuestras autoridades de cambiar el rumbo.

 

 

No soy optimista y aún creo, que lo peor, está por venir.

 

 

 

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