Tuesday, 20 de August de 2019


La tragedia de ser despedido como burócrata del estado




Escrito por  Julian German Molina Carrillo
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Desde el inicio de la actual administración gubernamental, los despidos de trabajadores al servicio de los Poderes del Estado y demás dependencias, han sido una constante, descartando a los funcionarios de primer nivel, cuya permanencia siempre está determinada con los relevos de las nuevas administraciones y quienes saben que difícilmente podrán continuar en sus cargos o ser cambiados a otras áreas.

Los trabajadores de los mandos medios y puestos de bajo nivel fueron víctimas de despidos injustificados, con la idea de que estaban contratados por una administración priista y, por ende, no resultaban confiables para los nuevos jefes de las áreas.

 

 

Así, personal como analistas e intendentes, que llevaban años trabajando en las dependencias y que en su vida han participado en partidos políticos y menos en campañas electorales, fueron despedidos sin saber las razones de sus salidas, simplemente se les anunció, en algunos casos, que ya no eran necesarios sus servicios, que habría una reestructuración de la dependencia o bien, que estaban identificados con los marinistas y habían perdido las elecciones, por lo que deberían salir de sus centros de trabajo.

 

 

Lo anterior ocurría cuando los nuevos jefes se tomaban la molestia de explicarle al trabajador despedido su situación, aunque en otros casos, simplemente de un día a otro se les negó la entrada a las oficinas y se les amenazó con integrarles una investigación administrativa por medio del órgano de control para inhabilitarlos o hasta denunciarlos penalmente por la comisión de algún delito ante el Ministerio Público y con ello terminar en la cárcel, sin trabajo y privados de su libertad.

 

 

Es así como se violaron los derechos laborales de más de 7 mil burócratas que fueron despedidos sin causa alguna y que en su gran mayoría optaron por no demandar su reinstalación o el pago de una indemnización, por temor a las represalias en su contra o bien, porque consideraron que es imposible ganar un juicio laboral al Estado y mucho menos, que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o el Tribunal de Arbitraje fallaran a favor del trabajador.

 

 

Algunos de los despedidos me comentaron que simplemente decidieron no hacer nada después de su salida de la administración gubernamental, porque tenían la esperanza de que se les volviera a llamar y gracias a que no demandaron, serían incorporados de nuevo al trabajo; idea que me pareció absurda, porque eso y nada, en mi opinión, equivalía a lo mismo y así fue como el tiempo me dio la razón.

 

 

A la fecha, casi todos los despedidos no han sido de nuevo llamados a laborar y peor aún, su pasado en la burocracia los persigue, porque les cerraron las puertas en el presente sexenio para trabajar de nuevo en la administración gubernamental o municipal.

 

 

Resulta curioso y contradictorio que mientras a cualquier empresario, cuando despide a un empleado, se le sujeta a Juicio Laboral y puede ser condenado para reinstalarlo en su puesto o para indemnizarlo, cuando se trata del Estado como patrón, se vuelve imposible demandar o lograr una sentencia condenatoria, porque el trabajador lleva todas las de perder, es decir, se le despide, sin derecho a ningún tipo de liquidación e incluso no puede pedir una carta de recomendación o algún documento que le ayude a encontrar otro empleo.

 

 

De nada les sirvió contar con el servicio civil de carrera o con estudios de posgrado, se les despidió sin ninguna consideración. Así, ellos perdieron la esperanza de ver que “lo mejor está por venir”.

 

 

 

 

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