Tuesday, 16 de July de 2019


Para Puebla: menos presos políticos y más políticos presos




Escrito por  Julian German Molina Carrillo
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Cuando nos enteramos del encarcelamiento de líderes sociales y personas cuyo único pecado fue oponerse mediante la protesta o la movilización social en contra de las decisiones que consideraron arbitrarias o que les afectaban en sus derechos por parte de las autoridades, no podemos más que indignarnos, porque tal parece que vivimos en las épocas de la dictadura de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX y principios del XX, o bien, que nos encontramos en los mejores tiempos de las dictaduras militares de países como España con Franco o Chile con Augusto Pinochet, en las que el uso de la fuerza y del aparato de Estado en contra de los ciudadanos, así como los abusos de poder, eran el pan de cada día en contra de la población, quienes tuvieron que decidir entre quedarse callados o sumarse a los movimientos armados para derrocar a esos gobiernos autoritarios y represores.

Señalo esto porque hoy lo que se estila es integrar a la mayor velocidad posible una averiguación previa en contra de los “enemigos del Estado y del progreso”, inventando hechos y culpándolos de todo lo que sea posible, con la única intención de privarlos de su libertad, imputándoles todos los delitos del Código Penal que se puedan, fijándoles fianzas fuera de sus posibilidades económicas y sujetándolos a un proceso penal en el que difícilmente lograrán una sentencia absolutoria, porque para eso el Poder Judicial se encuentra a las órdenes de quien paga su nómina.

 

 

Cabe agregar que los procesados carecen de recursos económicos, y tampoco podrán pagar una buena defensa que les permita demostrar su inocencia.

 

 

La detención de presidentes auxiliares como el de Canoa y las órdenes de aprehensión que aún no se cumplen en contra de otros más que optaron por salir del estado, nos llevan a dicha conclusión.

 

 

En Puebla es más importante encarcelar a estos ciudadanos rijosos, que a los delincuentes de cuello blanco y ex funcionarios públicos que, habiendo ocupado puestos en anteriores administraciones gubernamentales, enfrentan denuncias por violaciones de derechos humanos, con acusaciones de corrupción o desvío de recursos del erario y que hoy no sólo gozan de su libertad y riqueza acumulada al amparo del poder, sino que han escalado a otros puestos de mayor jerarquía o se preparan para buscar una candidatura a una diputación federal en las próximas elecciones de 2015, aun contando con un negro historial de investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito o por otras faltas en el ejercicio de sus cargos.

 

 

 

Eso no importa porque a estas alturas en México, para los líderes de los partidos políticos, tiene más peso contar con esos antecedentes como cartas de presentación para alcanzar la candidatura y financiar sus campañas, que postular a un ciudadano honesto, con valores y que tenga la intención de proponer leyes que realmente ayuden a la población o busquen terminar con la corrupción que priva en los centros de poder en el país.

 

 

Una de las principales causas del descontento social que prevalece es precisamente el ser testigos de que cualquier político corrupto tiene más garantías de gozar de impunidad, sin importar el dinero del que se haya apoderado o los actos ilegales en que haya incurrido, que el ciudadano que por ejercer los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es víctima del abuso de poder y de la injusticia convirtiéndose en preso político o de conciencia.

 

 

Es por esta causa que es considerable el aumento en los penales de este grupo de ciudadanos y del otro es casi nulo, porque priva el principio en política de tapar unos a otros sus corruptelas, aplicando también el que reza “con la vara que midas, serás medido” y habría otros más que sería largo mencionar, pero ésta es la triste realidad que vivimos, con un Estado de derecho al servicio del Poder.

 

 

 

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