En el análisis del informe se dio a conocer que la mayoría de los encuestados conforma una ciudadanía desconfiada, desencantada y —yo agregaría, aunque esto no lo señala el documento— indignada en contra de sus autoridades, por el desastre que vive el país con un Estado que aunque tiene la obligación de otorgarles seguridad jurídica, ésta no se ve por ningún lado.
Los ciudadanos no confían en la Policía en un 68 por ciento, un 76 por ciento no confía en los jueces, 81 por ciento no confía en los partidos políticos y 83 por ciento no confía en los diputados.
Se destacan, entre otros aspectos, 1) que el 60 por ciento de los ciudadanos considera que en México la ley no se respeta, lo que se traduce en desconfianza hacia las autoridades ya que de cinco ciudadanos que acudieron a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, cuatro consideran que no sirvió de nada hacerlo, por lo que no accedieron a una adecuada procuración de justicia, lo que es un foco rojo que hace que la democracia se vuelva una metáfora.
2) Que el voto es un deber, más que una obligación, por lo que existe una marcada diferencia en los niveles de participación ciudadana en los procesos electorales en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
3) Siete de cada 10 ciudadanos piensan que sus opiniones no les importan a los políticos, ya que no existe un vínculo entre representantes y representados y que se le da mayor peso a las opiniones de los grupos fácticos.
4) Siguen imperando los niveles de mayor confianza en el Ejército con el 62 por ciento, las iglesias con el 55 por ciento y los maestros con el 56 por ciento, quedando en los últimos lugares los partidos políticos y los legisladores (diputados y senadores).
5) El informe señala que el 70 por ciento de los ciudadanos no está conectado a las redes sociales y sólo un 25 por ciento accede a ellas, de este porcentaje sólo 8 por ciento tiene más de un contacto, dependiendo del género, educación, ingresos y extracto social, dato que se justifica por ser México un país con más del 50 por ciento de su población en pobreza extrema.
Indica el documento que la mayoría reprueba a sus gobernantes, que el presidente no combate la corrupción, que se ha vuelto un problema institucional y que ésta se tolera entre los partidos políticos y gobiernos estatales y municipales, que se protege a los grandes empresarios y se discrimina a quienes no pueden pagar una buena defensa para demostrar su inocencia, lo que aumenta la desigualdad social.
Los datos de Puebla presentan cifras contundentes con respecto a la desconfianza que prevalece en los ciudadanos sobre sus gobernantes. Un férreo control de los medios de comunicación y una total desvinculación entre los ciudadanos y sus opiniones con los diputados y representantes de los partidos políticos a quienes lo que menos les importa es lo que piensan los poblanos sobre las leyes que aprueban, ya que están cerrados los canales de participación para tal efecto.
El informe es un documento valioso por los datos que arroja, sólo espero sirva para cambiar el actuar de las autoridades y partidos políticos.
