Wednesday, 12 de December de 2018


Juicios Orales: prueba para escuelas de Derecho en Puebla




Escrito por  Julian German Molina Carrillo
foto autor
El pasado 24 de noviembre, se anunció la puesta en marcha de los juicios orales en materia penal en Puebla capital, los cuales se han venido implementando desde tiempo atrás en otros Distritos Judiciales del estado, sin que podamos afirmar hasta este momento, cuál ha sido el impacto que han tenido para mejorar la impartición de la justicia penal.

Ello debido a que se iniciaron con una fase que podríamos llamar “experimental”, porque se conjugaron diversos aspectos que, sin lugar a dudas, nos ponen a prueba a todos, desde las autoridades en materia de procuración de justicia como la Procuraduría General de Justicia con sus agentes del Ministerio Público y demás dependencias, hasta el Poder Judicial del estado, integrado por el Tribunal Superior de Justicia y los Juzgados de lo Penal, bajo cuya responsabilidad se tramitarán ahora estos juicios, en los que además juegan el papel central los abogados defensores de los procesados que deberán llevar a cabo su labor al igual que las autoridades, bajo las normas del Nuevo Código Nacional de procedimientos penales.

 

 

Ante este panorama, vale la pena hacer una serie de cuestionamientos acerca de lo que significa este nuevo modelo de justicia: ¿hasta dónde están debidamente capacitados autoridades y litigantes, para aplicar estos nuevos juicios? ¿Ha sido suficiente el presupuesto asignado por el gobierno federal y el del estado para echar a andar la reforma en materia de justicia oral? ¿Qué garantía tienen los procesados de que no serán víctimas de la negligencia o incapacidad de las autoridades y defensores en los juicios? ¿Cuántas injusticias se cometerán con estos juicios? ¿Realmente se acelerarán los procesos judiciales y tendremos una justicia pronta y expedita? ¿Los jueces cuentan con todos los elementos necesarios tanto en infraestructura, como de personal para tramitar en forma adecuada estos juicios?

 

 

Éstas y otras interrogantes irán surgiendo conforme pase el tiempo. Pero un aspecto que no debe pasar desapercibido y que es necesario darle la importancia que merece, es el papel que vienen jugando las universidades, escuelas y facultades de Derecho que están formando a las generaciones que les tocará este nuevo modelo, en que los egresados deberán hacer gala de sus conocimientos, formación y dotes para convencer a un juez de que su cliente es inocente actuando como defensores, o de que el inculpado es responsable cuando actúen como ministerios públicos en los juicios, representando a las víctimas de un delito.

 

 

El panorama es desalentador y obscuro: de las más de 100 instituciones de nivel superior que imparten la Licenciatura en Derecho con reconocimiento de la SEP estatal, sólo el 8 por ciento se ha preocupado por actualizar sus planes y programas de estudio para los juicios orales, con materias como oratoria, argumentación jurídica, técnicas de litigación oral, juicios orales en materia penal, pruebas en el juicio oral, entre otras.

 

 

Además sólo el 4 por ciento de las instituciones ha invertido en un aula especializada para estos ejercicios donde los alumnos realizan prácticas y simulaciones muy apegadas a la realidad.

 

 

Las demás escuelas viven en el siglo pasado o consideran que es problema de los egresados el prepararse en el nuevo modelo de justicia, con lo que no sólo los perjudican en su formación, sino que ponen en grave riesgo a sus defendidos de ser condenados en un juicio por los errores de su abogado y su deficiente preparación.

 

 

El problema puede ser de graves e irreparables consecuencias para los ciudadanos, de ahí, que es urgente que las facultades actualicen sus planes y programas de estudios y destinen tiempo y recursos para reforzar las prácticas profesionales.

 

 

Igualmente los ministerios públicos, jueces y magistrados harían bien en actualizarse, a fin de evitar sentencias infundadas o exonerar a procesados por errores judiciales. Invertir en todo esto tendrá un impacto social muy positivo si el Congreso asigna un mayor presupuesto en esta área para 2015.

 

 

 

 

 

Valora este artículo
(1 Voto)
comments powered by Disqus