De los partidos políticos que actualmente cuentan con registro nacional, ninguno se escapa a la crítica y cuestionamientos que los ciudadanos les hacen, motivados por los escándalos de corrupción e impunidad que no han hecho más que desalentar la participación ciudadana en estos procesos, sobre los que pretende sostenerse la endeble democracia mexicana.

Una clase política que siempre presenta más de lo mismo, con los mismos actores que saltan de un puesto a otro y que sólo representan a las tribus o grupos al interior de los partidos políticos, que han convertido a los procesos de selección de sus candidatos en un circo, donde todo se negocia, llegando incluso a la venta de las candidaturas y al desvío de los recursos asignados para las campañas.

Si analizamos partido por partido, vamos a encontrar que, hasta este momento, ninguno de ellos ha logrado establecer un mecanismo efectivo y transparente en su interior que deje satisfechos a sus militantes y que demuestre que los candidatos tienen —por lo menos— el respaldo de los miembros de su instituto político.

El papel del Instituto Nacional Electoral (INE) será determinante ya que tiene por delante su primera prueba de fuego, que será sacar adelante las próximas elecciones.

Veremos hasta dónde los integrantes del órgano electoral están dispuestos a evitar el desvío de recursos públicos a las precampañas y el uso de la infraestructura gubernamental para favorecer a determinados candidatos, que ya ha sido denunciado por algunos partidos, sobre todo en el tema de los adelantados, cuya imagen se ha venido trabajando en diversos medios como revistas y espectaculares en el caso de la capital y San Andrés, Cholula.

Sin dejar de lado, en el ámbito federal el uso de los programas, como el Prospera, también pueden ser utilizados con estos fines. Observaremos hasta dónde y en qué forma el INE es capaz de aplicar una sanción a algún candidato del partido político que sea, para dejarlo fuera del proceso por estos actos; y también hasta dónde se perseguirán y procesarán a los responsables de los delitos electorales que seguramente se presentarán en el desarrollo.

Si las autoridades electorales no demuestran con resultados que están dispuestas a hacer valer la ley, caiga quien caiga, se ve muy difícil que los ciudadanos sin partido voten en las elecciones, ya que nada les garantiza que su decisión será respetada y sobre todo que al final del proceso no ocurrirán negociaciones para favorecer a determinado candidato o partido político, haciendo a un lado la voluntad ciudadana.

La intromisión de las autoridades gubernamentales en las campañas es otro factor que debe vigilar el órgano electoral, así como el monto de los recursos utilizados por los candidatos fiscalizando adecuadamente su uso, para evitar con ello que exista inequidad en la elección.

Si la propuesta de los partidos y los resultados de sus gobiernos están a la vista y ya han sido evaluados por sus gobernados, y ellos mismos saben que gozan de la desconfianza de los electores, me pregunto: ¿Qué oferta le pueden hacer los candidatos a los ciudadanos? ¿Cómo lograrán articular un discurso que convenza y conectar con el electorado?