Wednesday, 12 de December de 2018


Discriminación en la entrega de becas y computadoras a estudiantes




Escrito por  Julian German Molina Carrillo
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Dos de los anuncios más importantes que hará el gobernador Rafael Moreno Valle en su IV Informe de Gobierno serán, en primer lugar, la entrega de 2 millones 189 mil 312 becas a estudiantes, provenientes de recursos federales del Pronabes, del grupo financiero BBVA, así como de estímulos para intercambio internacional en educación superior; y, en segundo lugar, la entrega de 58 mil computadoras portátiles a los mejores promedios de alumnos del nivel básico y superior del Estado, así como de 145 mil 586 tabletas a alumnos de primaria.

Pero todos estos beneficios sólo se otorgan a estudiantes del sistema educativo  oficial, es decir, se excluye a los jóvenes de los mismos niveles que, por una u otra razón, cursan sus estudios en instituciones de financiamiento privado y cuyos padres, a pesar de pagar impuestos como cualquier ciudadano común y corriente, están fuera de estos programas de, que sin duda, son además un aliciente para que los alumnos se esmeren en mejorar su rendimiento académico.

 

 

Sería injusto responsabilizar de este acto discriminatorio al Ejecutivo estatal, ya que las políticas en esta materia vienen orientadas de esa forma desde la federación y hasta el momento, ningún legislador poblano se ha preocupado por la problemática económica que enfrentan los padres de familia cuyos hijos no pudieron ingresar al sistema oficial y que se vieron obligados a inscribirlos en instituciones privadas.

 

 

Esta política pública del Estado de sólo apoyar a estudiantes que se presume son de escasos recursos por estar inscritos en Escuelas o Universidades que son sostenidas con subsidios estatales y federales, no es nueva. Ha prevalecido por muchas décadas y es a todas luces discriminatoria, porque segmenta a los estudiantes en niveles de primera y segunda.

 

 

No es definitivo que quien estudia en una institución oficial es una persona de escasos recursos, ni que la familia de quien se prepara en una institución privada cuenta con una situación económica holgada; en todo caso, ello sería materia de un estudio socioeconómico que permitiera que la entrega de las becas y las computadoras, estuviera plenamente justificada en la necesidad del beneficiario.

 

 

La discriminación de los alumnos de las instituciones privadas también se hace patente en la negativa del IMSS de otorgarles el seguro que sí proporciona en forma gratuita a los estudiantes de las universidades públicas, aun y cuando algunos de ellos no tengan necesidad de utilizarlo.

 

 

Sería conveniente que en los próximos dos años que restan al Gobierno del estado, se implementara un Programa que hiciera extensivas las becas y apoyos de computadoras a los estudiantes de las instituciones privadas, mediante un estudio y de acuerdo a su rendimiento académico y capacidades.

 

 

Además, estos apoyos deben ser entregados en forma directa a los estudiantes y no a las instituciones, para evitar especulaciones y que se piense que con estos recursos se mantendrá a las mismas.

 

 

Se ve difícil que prospere esta idea, pero los más de 45 mil estudiantes universitarios que actualmente cursan estudios en Universidades privadas en todo el Estado, también tienen derecho a ser beneficiados por estos programas, como ocurre en entidades como Veracruz, donde el Gobierno estatal, desde el sexenio de Fidel Herrera, implementó un fondo de becas y estímulos a los mejores alumnos de las instituciones de educación superior privadas, apoyando a las familias de éstos, reconociendo así que con los impuestos que pagan ellos y sus padres de familia, también se sostiene el erario público y que en esa entidad no hay discriminación en cuanto a la entrega de estos beneficios que evitan la deserción escolar derivada de la falta de recursos económicos.

 

 

 

 

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