La renta mensual que por tal inmueble se acordó fue realmente ridícula, 70 mil pesos.
El contrato ya feneció y la BUAP reclama la terminación del mismo, pero la empresa, ahora denominada Megacable, se niega a devolver la propiedad y alega que ha invertido mucho en instalaciones, fibra óptica, etcétera, y que por tanto no puede desocupar el inmueble.
Se cree, según opinan líderes estudiantiles del área de la salud, que lo que la empresa pretende es cobrar indemnización a la BUAP o la cantidad invertida en las instalaciones que dice fueron ahí construidas.
Pero no va a ser tan fácil. Los estudiantes del área que se beneficiaría con la recuperación del terreno serían los del área de la salud que comprende varias escuelas como Medicina, Biomedicina, Enfermería, Odontología, y demás, que están dispuestos a ocupar el predio si la empresa se niega a devolverlo.
Eso provocaría un conflicto que no conviene ni a la empresa arrendadora ni a la BUAP, pero tampoco a Puebla.
Las cosas están perfectamente claras: el convenio de arrendamiento por 10 años ya venció. El dueño de ese predio reclama su devolución, pues tiene importantes proyectos para los que requiere de ese espacio. Si la empresa construyó instalaciones fue por su conveniencia, pero no por eso puede dejar hasta que quiera el terreno. Además, la renta que paga por los 6 mil metros que ocupa, en lugar privilegiado, es la que paga algún restaurante del Centro por 400 o 500 metros.
Si insiste en su actitud aunque las autoridades universitarias no quieran, los estudiantes, como han amenazado, pueden ocupar la propiedad y como están las cosas, es mejor arreglar todo por la buena.
CADA DÍA QUE PASA LA GENTE SE CONVENCE de que tras el movimiento originado por la bestialidad de una autoridad municipal de Guerrero (Iguala) y de su Policía, que asesinó a tres personas y desapareció a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se esconden intereses políticos y económicos de personajes tanto nacionales como extranjeros.
La situación de inseguridad y criminalidad que prevalece en el país viene desde hace casi una década. Los estados del norte, principalmente Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ya pasaron por una etapa muy semejante o tal vez peor, a la que ahora viven los estados del sur, principalmente Guerrero, Morelos y Michoacán, y nunca, ni cuando fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas, 72 indocumentados centroamericanos que iban de paso a los Estados Unidos, ni cuando mataron en una fiesta a decenas de adolescentes de secundaria, se hizo tanto escándalo mediático como ahora.
Toda muerte violenta es dolorosa y es condenable, sobre todo cuando se hace con lujo de crueldad, como en este caso. Los padres de los jóvenes muertos o desaparecidos merecen todo el apoyo del Estado para saber la verdad sobre sus hijos y recuperarlos con vida si eso es posible. La lucha que los padres realizan en busca de justicia es no sólo entendible, sino totalmente válida.
Pero está claro que se están infiltrando en esas protestas personas movidas por intereses de otro tipo, y eso ya cambia las cosas.
Es lo que ya está percibiendo la gente, sobre todo después de la violencia totalmente injustificada que se ha visto en la ciudad de México y en Chilpancingo, la capital de Guerrero.
