Wednesday, 24 de April de 2024


La modernización del morenovallismo es puro tercermundismo




Escrito por  Arturo Rueda
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La vinculación entre “obrotas” y el sentido de modernización fue brillantemente caricaturizado ayer por el investigador del CIDE, Carlos Bravo Regidor, en su artículo de El Universal: palabras más palabas menos, ese tipo de obra pública —segundos pisos, grandes edificios, estatuotas y ruedotas— no dejan de ser el reflejo fantasioso de una aspiración tercermundista, “una versión subdesarrollada de cómo debe ser el desarrollo, el producto de una visión tercermundista sobre cómo ser de primer mundo”

El Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) no se deja convencer de la curiosa, por no decir folclórica, idea del gobierno morenovallista de identificar “modernidad” con obritas y obrotas al por mayor. El thinkthank ubicó nuevamente a Puebla a media tabla de las principales 78 zonas urbanas del país. Al colocarse en el lugar 23 del ranking nacional en la materia, la entidad tuvo un avance modesto de seis lugares respecto de 2013, pero todavía está muy lejos de los mejores en la materia como Querétaro, Monterrey, Chihuahua, Aguascalientes, Guadalajara, e incluso de otras no tan significativas como San Luis Potosí, Mérida, Morelia o Guanajuato. Así es que con las construcciones emblemáticas del morenovallismo, y pese a los miles de millones invertidos en obrotas, los avances no se ven reflejados en las variables necesarias para atraer inversión y retener a los talentos.

 

 

¿Por qué Puebla tiene avances tan modestos y nos superan metrópolis en teoría inferiores como Mérida, Morelia, San Luis Potosí o Chihuahua? Si atendemos al Índice de Competitividad de las zonas urbanas 2014 realizado por el Imco, organizado a través de 10 subíndices, descubrimos que la mayor tara de la zona metropolitana de Puebla son sus gobiernos municipales. Todos son de bajísima calidad, ineficaces, colocados en el lugar 69 del ranking de 78 ciudades medidas.

 

 

Como ya es una tradición, el segundo peor aspecto calificado es el sistema de derecho confiable, ubicado en la posición 48 de 78 del ranking: trámites en las oficinas municipales, resoluciones de jueces y magistrados del TSJ, simplemente no mejoran y alejan a los inversionistas. La corrupción sigue a todo lo que da, imparable. Pero no toda la culpa es del gobierno: los empresarios de sectores precursores también se llevan su parte, ubicados en el lugar 46 de las 78 principales ciudades del país.

 

 

A media tabla, los subíndices que corresponden a sociedad incluyente y a sistema político, en el lugar 36 de la medición.

 

 

El diagnóstico es claro: Moreno Valle en su prédica modernizadora relativa a sus obras megalómanas, se niega a modernizar lo que de verdad requiere modernizarse. ¿De qué le sirve a Puebla tener un Museo Internacional Barroco, una Ruedota de la Fortuna, un CIS con fuentes danzarinas, si los gobiernos son declarados por el Imco abiertamente ineficaces, de los peores del país?

 

 

¿De qué sirven avenidas con concreto hidráulico, puentes y distribuidores viales, un trenecito a Cholula, si las resoluciones de jueces y magistrados del TSJ siguen impregnadas de corrupción y favoritismo hacia una de las partes?

 

 

El cuento modernizador, pues, es una charlatanería porque el régimen morenovallista es premoderno en lo esencial: incapaz de construir una sociedad incluyente y una modificación a las pautas del sistema político. Esa es la causa de la política represora: el gobierno tiene ideas geniales que no desea discutir ni compartir con nadie. Ahí está el caso de las expropiaciones en la zona de Cholula, la modificación para despojar a las juntas auxiliares del Registro Civil y la privatización del servicio del agua potable.

 

 

En otras palabras: Moreno Valle no solamente carece de la mínima noción de rendición de cuentas, sino que le niega el derecho a los poblanos de discutir qué debe hacerse con Puebla. El único día que tenemos voz y voto es el día de la jornada electoral. Fuera de eso, los ciudadanos de a pie no pueden soñar con opinar sobre los grandes proyectos de supuesta modernización. Y a los que intenten hacerlo, la Ley Bala, aún vigente, sirve para disuadirlos, aunque el costo sea la muerte de un menor, como le ocurrió a José Luis Tehuatlie, herido mortalmente por atreverse a disentir en una protesta.

 

 

La vinculación entre “obrotas” y el sentido de modernización fue brillantemente caricaturizado ayer por el investigador del CIDE, Carlos Bravo Regidor, en su artículo de El Universal: palabras más palabas menos, ese tipo de obra pública —segundos pisos, grandes edificios, estatuotas y ruedotas— no dejan de ser el reflejo fantasioso de una aspiración tercermundista, “una versión subdesarrollada de cómo debe ser el desarrollo, el producto de una visión tercermundista sobre cómo ser de primer mundo”.

 

 

Pero de fondo, es el negocio de la corrupción de siempre: opacidad en la asignación, comisiones por debajo del agua, pago de facturas, “vaquita” para la próxima campaña, relaciones públicas. ¿Y del beneficio social, los impactos ambientales o sociales, las consecuencias en la calidad de vida o la movilidad de las personas?

 

 

Así es nuestro Góber Bala: quiere ser muy moderno, pero no deja de ser folclórico. El tercermundismo se lleva en el alma, por más aspiración a NY que tenga.

 

 

 

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