Nada en broma, muy en serio, los cientos o miles de poblanos que ayer fueron víctimas del secuestro del Periférico Ecológico durante más de cuatro horas pidieron a gritos la aplicación de la #LeyBala en contra de los opositores al Parque Cholula que tomaron la vialidad en su hora pico. Las redes sociales, ese espacio caótico en donde se generaron las reacciones más virulentas en contra de Moreno Valle tras el desalojo de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Tehuatlie, ahora se pusieron de su lado y pidieron mano dura en contra de un pequeño grupo de no más de 200 personas que paralizaron toda la actividad en la zona. Un absoluto infierno vivieron aquellos que trabajan o estudian en las inmediaciones de San Andrés Cholula. Un pequeño lapso de su vida quedó cancelado por la lucha social de los parquefóbicos.

Puebla ha virado de un extremo a otro en poco más de tres meses. De un gobierno predispuesto a ejercer la fuerza en contra de cualquier protesta social, a un gobierno que ayer asistió expectante al secuestro de una vialidad primaria en horas pico. ¿Acaso no hay un justo medio? ¿No existe forma de salvaguardar los intereses particulares de los manifestantes, y al mismo tiempo proteger los derechos de los ciudadanos para circular? El morenovallismo, se entiende, no quiere otro Chalchihuapan ni otro José Luis Tehuatlie. Ningún poblano lo desea. ¿Pero eso equivale a dar carta blanca a que un puñado de cholultecas para que puedan desquiciar la vida de miles de ciudadanos en total impunidad?

El gobierno estatal, me temo, se encuentra víctima de una paradoja creada por los medios de comunicación que condenamos el abuso policial en Chalchihuapan: la utilización de la fuerza pública para regular las manifestaciones se ha convertido en un tabú. Pero ese derecho legítimo a la manifestación puede convertirse en un hecho abusivo, en un libertinaje absoluto ante la pasividad del gobierno estatal para no generar encono. ¿Cómo salir de esa paradoja? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación, y de las redes sociales en estos casos?

No se trata, por supuesto, de denostar el derecho que tienen ciertos grupos de manifestarse en la vía pública como un mecanismo de presión para obtener visibilidad a sus demandas. ¿Tienen derecho a movilizarse los parquefóbicos en contra de un proyecto que consideran lesionan sus propiedades y sus tradiciones? Por supuesto. Pero ¿por qué esa lucha legítima debe desquiciar una vialidad primaria, así como trastocar la vida de miles de ciudadanos, así sea por unas cuantas horas?

Me temo que el gobierno morenovallista no debe ni puede renunciar a su legítimo derecho a la coacción. Liberar las vías cuando los derechos de terceros sean perjudicados. Reestablecer el orden público frente a los mecanismos de presión de ciertos grupos con intereses particulares. Y sobre todo, reconducir el radicalismo de ciertos líderes como el abogado Xicalé, autor intelectual y material del secuestro del Periférico en sus accesos a las Cholulas y a la avenida Atlixcáyotl.

El problema no es lo que debe hacer el gobierno, sino el cómo. Hace apenas unos días el país asistió maravillado a la demostración de eficacia negociadora de Miguel Ángel Osorio Chong para desactivar el movimiento de los inconformes del Instituto Politécnico Nacional (IPN). En mangas de camisa, en público, el secretario de Gobernación “tomó al toro por los cuernos”, negoció en vivo y en directo el pliego de demandas de la comunidad del IPN y ofreció respuesta inmediata para evitar que el conflicto se alargara o fuera contaminado por otras fuerzas políticas. ¿Nadie en Puebla puede tomar el ejemplo de Osorio Chong? ¿Negociar en vivo y en directo, en mangas de camisa?

El núcleo de la gobernabilidad de todo sistema político, precisamente, se encuentra en distinguir cuándo agotar el diálogo, pero también cuándo recurrir a los mecanismos de coacción del Estado para garantizar los derechos de terceros. Y el problema, entonces, regresa la Secretaría General de Gobierno, de Luis Maldonado.

Sin embargo, los actores institucionales están agotados en su credibilidad. El edil Leoncio Paisano, así como José Juan Espinosa, han perdido toda capacidad de negociación ante los opositores al Parque Cholula. Ellos mismos agotaron su capital ante la serie de engaños a sus propios ciudadanos, pues a pesar de comprometerse a suspender las expropiaciones, aun por escrito, horas después desconocieron las negociaciones. ¿Quién va a detener entonces la impunidad con la que se mueven los parquefóbicos?

No hay solución sencilla a la paradoja que hoy vive Puebla. O simplemente, quizá el gobierno morenovallista es más astuto que los movimientos sociales que luchan contra sus políticas. Quizá consienten los desmanes de Xicalé y compañía para que, en unas cuantas semanas, la aplicación de la #LeyBala sea un clamor unánime. Entonces, con toda la legitimidad de la demanda social, volverán a echarles la maquinaria encima ya sin temor a Chalchihuapan o Tehuatlie. Quizá entonces, del lado de los movimientos sociales, faltaría la sabiduría para administrarse y no estrangular avenidas primarias en horas pico.