La pregunta de qué está podrido, si la sociedad o el gobierno, se asemeja a la pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina. La respuesta es imposible: tan putrefacto es el alcalde que decide dar la orden de ejecutar y desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa, como aquellos que deciden dar muerte a su pareja sentimental embarazada. Miramos con horror hacia los hechos de Iguala y Tlatlaya, pero en Puebla las cosas no son mejores y una tragedia silenciosa ocurre con la ola de feminicidios que azota a la entidad. Los casos de Manuel Forcelledo Nader, quien planeó el homicidio de Karla López Albert, o de Juan Carlos Sánchez Pérez, que recién mató a una estudiante de la BUAP por negarse a abortar, son abominaciones inexplicables que ocurren a unos metros de nuestros trabajos, escuelas y hogares. ¿Nace ahí la podredumbre?

Los casos de Karla López Albert, Judith Coatl Cuaya e Iraís Ortega, por su impacto mediático, nos han hecho voltear la mirada hacia la tragedia silenciosa de la violencia de género que no encuentra explicación, pero tampoco respuesta gubernamental para instrumentar un programa de urgencia para atender la extrema gravedad. En los tres casos, también por su resonancia mediática, la PGJ ha encontrado a los presuntos responsables con más o menos celeridad. ¿Pero cuántos han quedado impunes?

Como casi siempre ocurre, hay un choque entre las cifras de las instituciones contra las de las organizaciones ciudadanas. Por ejemplo, de acuerdo con la PGJ, desde enero de 2013 han sido denunciados 19 feminicidios, siete de ellos este año. Pero si uno mira el seguimiento del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr), de enero de 2013 al 21 de octubre de este año, contabilizaron 104 casos. El feminicidio de Iraís Ortega sería el 105. Desde esa perspectiva, las cifras que este organismo obtiene a través de reportes hemerográficos es 550 por ciento mayor que los datos institucionales de la PGJ.

La cantidad no es la única agravante, sino el exceso de violencia con que son cometidos, especialmente en los dos últimos meses. La nota común ya no es el homicidio que antes se consideraba pasional, al calor de las copas o la revelación de la infidelidad. Los feminicidios ahora se caracterizan por la planeación de la muerte, así como para borrar las huellas y desaparecer el cuerpo. En ese sentido, es paradigmático el caso de Nayeli Sosa Romero, cuyo cuerpo fue desmembrado por su marido; el de Karla López Albert, pues el homicida contrató a dos sujetos para que su cadáver fuera traslado al DF, o el de Iraís Ortega, que fue inyectada con una sustancia letal y luego abandonada en un paraje de Xochimehuacán, o el de Judith Coatl, cuyo cuerpo fue tirado a un pozo y encontrado hasta tres meses después.

¿Quién tiene la culpa de esta ola de feminicidios? ¿La sociedad, los ciudadanos que actúan como depredadores de sus parejas sentimentales, o el gobierno, incapaz de generar una política preventiva para frenarlos?

En ambos casos, la podredumbre de la sociedad y del gobierno, encuentran su convergencia en un mismo punto: la impunidad. Así como los ciudadanos asisten al espectáculo de nuestras elites que escapan sin rasguños a sus latrocinios, ellos se sienten con el mismo derecho a planear una muerte esperando escapar del castigo, en ocasiones por la ineficiencia de las autoridades ministeriales, a veces por su abierta corrupción.

Por ejemplo, de los 14 casos más espeluznantes, la PGJ ha logrado ubicar presuntos culpables en seis de ellos, aunque todavía ninguno ha sido sentenciado. Pero si tomamos en cuenta los 55 casos compilados por Odesyr, la tasa de impunidad se dispara. Es decir, en la medida en que más feminicidios se reportan, y estos no encuentran castigo, la conducta antisocial tiende a replicarse.

La violencia de género está ahí, y por simple estadística, es incluso peor que lo ocurrido en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: en Puebla hay 55 casos de feminicidios, la mayor parte de ellos que se queda en la impunidad, y la entidad responsable de elaborar una política pública es el desmantelado Instituto Poblano de la Mujer, cuya titular, Verónica Sobrado, es una desaparecida en acción.

¿Por qué las mujeres empoderadas no hacen nada para evitar que continúe esta carrera mortal? Hoy más que nunca tenemos diputadas, regidoras, senadoras, poderosas funcionarias públicas, directivas empresariales, abogadas, notarias, juezas y magistradas. ¿Por qué todas ellas son muy unidas para festejar el derecho al voto, el pink power o demás cursilerías, pero son incapaces de detener la depredación que sufren sus pares a manos de sus parejas sentimentales?