Es probable que la terrible percepción que tienen los poblanos de sus jueces no le quite el sueño al magistrado presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano. El resultado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de los años 2012, 2013 y 2014 del Inegi evidencia el aterrador deterioro. Cada año los togados son peor calificados: más corruptos, menos confiables y menos eficientes en sus resoluciones. O el Poder Judicial tiene muy mala prensa o la experiencia de los ciudadanos al acudir a juzgados a reclamar justicia cada vez es peor, pese a que el compromiso del morenovallismo fue mejorar ese aspecto de la vida institucional que es el Estado de derecho, vital en la vida diaria de los ciudadanos, y también variable importantísima para la inversión nacional y extrajera.

El morenovallismo empezó bien cortando de tajo a la mafia de magistrados encabezados por Alfredo Mendoza, quienes dominaron la vida del Poder Judicial durante más de dos décadas y lo hicieron un nido de corrupción y nepotismo. Para hacer realidad ese proyecto de transformación, y para evitar las tentaciones de un nuevo grupúsculo, se impulsó al fuereño Roberto Flores Toledano para liderar la esperada modernización. A punto de arrancar su tercer periodo, no se observan las mejoras y parece que estábamos mejor cuando estábamos peor.

Los datos de ENVIPE: en 2014 los jueces fueron son calificados como la segunda autoridad más corrupta en el estado, sólo por detrás de los agentes de tránsito. Gravísimo. Pero es peor cuando se ven los datos de 2013, cuando estaban en quinta posición. Es decir, la imagen se degradó. El dato es contundente: siete de cada 10 poblanos los consideran corruptos.

Algo semejante pasa con la confianza, pues solamente seis de cada 10 les tiene, mismo porcentaje que la percepción de eficiencia de sus resoluciones. Los números de los poblanos están por debajo de la percepción promedio nacional que se tiene hacia los integrantes de los tribunales de Justicia del país, pues la mitad de los entrevistados califica su labor como muy o algo efectiva.

Comparando los resultados de la ENVIPE, los jueces poblanos están ubicados entre los cinco peores del país. En materia de corrupción son el quinto lugar, sólo por detrás del DF, Morelos, Hidalgo y Estado de México. Pero en materia de confianza y eficiencia en sus resoluciones, son los segundos peores de México, solamente por detrás del DF.

¿No puede Flores Toledano con las inercias acumuladas al interior del TSJ o de plano es un mal líder para impulsar la modernización? No puede decirse que el magistrado presidente haya hecho todo mal: por ejemplo, en el índice Doing Business 2014 hubo una mejora sustancial, pues de 391 días para concluir un juicio mercantil, la cifra disminuyó a 372, con lo que la entidad se ubicó en la posición 22, cuando antes acostumbraba a irse al último lugar.

El Poder Judicial en Puebla es un hoyo negro indescifrable que sigue siendo un lastre para que la entidad despegue en los rankings de competitividad. Se fue Alfredo Mendoza y su mafia de magistrados que controló durante más de dos décadas la función jurisdiccional y las cosas no cambian, sino que empeoran. Los viejos vicios se han enquistado, aún con una nueva camada de magistrados, dado el compromiso incumplido de crear el Consejo de la Judicatura para darle estabilidad a la carrera judicial.

El punto clave es la adscripción de los jueces, así como el mecanismo de evaluación de su desempeño. En el TSJ permanece el anticuado sistema de las visitas realizadas por magistrados, lo que incide en castigos, reprimendas y escarmientos con cambios de adscripción en el caso de disentir a la línea. Así, los magistrados no son sólo superiores en el sentido jurídico de revisar sus fallos como segunda instancia, sino también son superiores jerárquicos en el sentido patronal del término.

La evaluación al desempeño de los jueces es un secreto de Estado que se dilucida al interior del pleno, con criterios subjetivos, al igual que la designación de ellos. La carrera judicial es opaca y la Junta de Administración una entelequia. Y a nivel nacional, para acabar con esos vicios, en el sexenio de Zedillo se creó el Consejo de la Judicatura con el objetivo de separar las funciones jurisdiccionales del pleno y entregarle las administrativas a un órgano colegiado del que participan consejeros del Poder Judicial. Por supuesto, eso implica más dinero. Y en Puebla, simple y sencillamente no hay fecha. Las inercias se han impuesto y desde Casa Puebla se considera un área no prioritaria de inversión.

La situación se agrava por la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, los famosos juicios orales, que avanzan a trompicones entre falta de estructura, capacitación a funcionarios judiciales y policías. Flores Toledano rendirá su Segundo Informe el próximo jueves, con algunos avances a destacar. Desafortunadamente, el Poder Judicial en Puebla sigue siendo un lastre. El calendario es inclemente: para mediados de 2016, en toda la entidad deberán haberse echado a andar. ¿En verdad se sienten preparados?