Afirmó la activista María Elena Morera que Puebla es uno de los estados en los que no hay diálogo entre la sociedad civil y el gobierno para establecer una agenda común. Una de las entidades federativas donde hay más cerrazón. Tal expresión causó escozor en el gobierno morenovallista y será motivo de un amplio debate discutir en qué áreas de la vida pública hay diálogo y aquellas en que no. Definitivamente, las políticas públicas es una en la que los funcionarios estatales no escuchan la voz de los ciudadanos, ni toman en cuenta sus puntos de vista en ninguna de sus fases: ni en el diseño, ni la implementación o la evaluación. Pongo dos ejemplos de ese autismo gubernamental sobre la mesa: el metrobús y la próxima instalación de parquímetros en la zona de Huexotitla-Gabriel Pastor.

Veamos:

El metrobús o RUTA fue planteado como el esquema modernizador del arcaico sistema de transporte público en Puebla, pero 18 meses después de la puesta en marcha, está quebrado económica y operativamente. La primera línea es ya un viacrucis para los usuarios, un pésimo negocio para los inversionistas y un caso de estudio acerca de lo que NO debe hacerse en la implementación de una política pública.

¿Qué hizo mal la Secretaría del Transporte de Bernardo Huerta? ¿Cómo se fue a pique un sistema muy exitoso en otros países y otras entidades del país? ¿Por qué en Puebla no funciona?

Estudios técnicos no faltaron, así como benchmarking comparativoscon otras experiencias. Tampoco cálculos de aforo, usuarios y rentabilidad financiera. Se calculó el problema político con los concesionarios, el mecanismo para integrarlos en una sociedad. El gobierno realizó la obra en tiempo y forma, sin grandes retrasos. RUTA fue lanzado pomposamente con la visita de funcionarios federales, y aunque desde su arranque se observaron desviaciones con el proyecto original como la falta de unidades articuladas, nadie podía prever la quiebra estrepitosa en apenas 18 meses.

A falta de que la ST explique su propia versión del fracaso, hasta ahora se observan dos razones fundamentales: la falta de cultura de pago del transporte de los poblanos mediante una tarjeta prepagada, y la falta de cultura empresarial de los concesionarios que se asociaron en Sapi para manejarse como un consorcio. Como los usuarios prefieren pagar en efectivo, los choferes comenzaron a quedarse con el dinero, provocando la falta de pago a los socios, quienes se pelearon entre sí al no haber cuentas claras ni ganancias.

El sistema RUTA colapsó cuando los usuarios dejaron de usar la tarjeta de prepago. Otros, tampoco acostumbrados al uso de paraderos, luego de décadas en que las combis y micros paran en cada esquina, prefirieron comprarse carcachitas para no esperar el paso de las unidades y dejaron de usar el transporte público. Ahora gastan más y contaminan más.

La ST tampoco se percató de la falta de cultura empresarial de los concesionarios que fueron obligados a incorporarse como socios al proyecto. Impuso un modelo corporativo a quienes no tienen la menor idea de cómo gestionar una empresa de la que participan varios socios, deben rendir cuentas, así como generar un modelo de flujo de ganancias y recursos para mantenimiento de las unidades. En Puebla, las concesiones son negocios familiares, en el que los empleados-choferes viven en la informalidad y acostumbrados a la entrega de una cuenta diaria. ¿Alguien pensó que podían transformarse en empresarios de la noche a la mañana?

La Secretaría del Transporte no dialogó ni con los potenciales usuarios para conocer sus costumbres y preferencias en el uso del transporte, ni tampoco con los concesionarios para convencerlos de integrarse a una cultura empresarial. La falta de diálogo provocó el fracaso de RUTA.

Ahora, el gobierno municipal de Antonio Gali pretende reeditar esa imposición de políticas públicas con la colocación de parquímetros. Han decidido que es la mejor opción para reorganizar una caótica vía pública secuestrada por los valet parking y restaurantes en la zona de Huexotitla y la Gabriel Pastor. Pero no tienen contemplada una consulta pública con todos los habitantes y empresarios de la zona, como sí lo hizo el Gobierno del Distrito Federal en Coyoacán, la Condesa y Polanco, donde los propios vecinos decidieron el destino de su vía pública. ¿Por qué los poblanos no tenemos ese derecho?

Así es el estilo tecnocrático del morenovallismo en materia de políticas públicas: ellos dan con la solución a nuestros problemas sin que los ciudadanos tengamos derecho a opinar. Nuestra voz no es escuchada para mejorar el diseño de las políticas que afectan nuestra vida diaria, o nuestras decisiones económicas o empresariales. Ahora, el corredor restaurantero de la 43 se encuentra en peligro. Y puede ser que los parquímetros sean la solución adecuada al gandallismo de los valet parking o de los franeleros que han secuestrado la vía pública. Pero lo mejor sería que los propios vecinos decidan qué es lo que más les conviene.

RUTA y parquímetros son ejemplos de políticas públicas que impactan la vida de miles de ciudadanos. Para el gobierno es más fácil no dialogar, sino imponer. Ahí está el germen de sus fracasos.