Monday, 27 de May de 2019


Asume el morenovallismo el fracaso de RUTA




Escrito por  Arturo Rueda
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El virus de ignorar la opinión de los ciudadanos o los afectados de las políticas públicas se expande. Ahí está el caso del Ayuntamiento de Antonio Gali, quien conoce el rechazo de uno de cada dos vecinos del polígono Huexotitla-Gabriel Pastor porque mandó a hacer una encuesta ex profeso: 48.5 por ciento dicen SÍ y 48.6 por ciento dicen NO. Por una décima gana el rechazo. ¿Y qué hace el gobierno con ese dato? Simplemente le vale madre: los parquímetros van porque van

El tiempo se convierte en el mejor juez de las políticas públicas morenovallistas. Apenas 18 meses duró el sueño de que el metrobús fuera la ansiada modernización del transporte público en Puebla. Frente al riesgo de que las líneas 2 y 3 se conviertan en fracasos económicos y operativos semejantes a los de la línea 1, el gobierno estatal decidió cortar por lo sano. Desde el Congreso local se va a operar la extinción de la concesión entregada a los consorcios Sapi y ATT Maximus mediante una iniciativa que reforma la Ley del Transporte para que sea el organismo Carreteras de Cuota la encargada de rescatarla, además de convertirlo en organismo rector del sistema ante el enésimo fracaso de Bernardo Huerta al frente de la ST.

 

 

El quebranto económico y operativo de la línea 1 del metrobús llevó al morenovallismo a tomar una decisión tan dolorosa como impostergable: asumir el error en el diseño y entrega de la concesión de RUTA y proceder al rescate, mediante el pago de la correspondiente indemnización, de acuerdo al texto de la iniciativa que hoy ingresará al Congreso local con el patrocinio del Grupo Parlamentario del PAN. Tal iniciativa se prevé que sea aprobada a más tardar el próximo miércoles, en un nuevo albazo del régimen.

 

 

El gobierno morenovallista se equivocó en el planteamiento de su política pública —tal como lo comentamos en una entrega anterior—, y si esto hubiera ocurrido ya en otro sexenio, es probable que RUTA hubiera fallecido de muerte natural, tal como ocurrió con el sistema troncal de la 11 Sur que Manuel Bartlett puso en marcha en los 90. Pero con el dinero de Banobras para las líneas 2 y 3 de RUTA, Moreno Valle no puede darse el lujo de permitir que la línea 1 siga operando pese a su quiebra operativa y económica.

 

 

El gobierno da marcha atrás, se corrige a sí mismo, pero no explica en qué falló. ¿Fue el diseño de RUTA? ¿Fue la implementación? ¿Los usuarios no modifican su cultura de pago en efectivo, ni los choferes la de recabar “la cuota”? ¿Los concesionarios reunidos alrededor de Sapi no tenían preparación empresarial o simplemente se tranzaron entre ellos mismos? El gobierno morenovallista no da explicaciones: simplemente manda una iniciativa y prosigue al rescate de la concesión.

 

 

En esa falta de explicaciones y argumentos, Bernardo Huerta se sostiene en el cargo como un zombi. Se sabe que Moreno Valle ya no puede verlo ni en pintura, especialmente por los errores cometidos en el teleférico, e incluso la Secretaría del Transporte es una dependencia fantasmal desde que la Contraloría asumió la facultad de la supervisión del transporte público. ¿Cuáles fueron los errores que cometió con RUTA? ¿Por qué no hay explicación pertinente, o cómo es la tradición del sistema político mexicano, su renuncia?

 

 

No parece que revivir a otro organismo muerto, Carreteras de Cuota, sea la solución al fracaso del metrobús. Porque, en efecto, Carreteras es un cascarón administrativo que perdió su objeto cuando las tres autopistas poblanas fueron concesionadas a Pinfra. ¿No que el objetivo era quitarle carga burocrática mediante la entrega de esas autopistas? ¿Con qué pretexto revive?

 

 

De fondo, el conflicto sigue siendo la escasa capacidad de los gerentes morenovallistas para escuchar a la población destinataria de sus políticas públicas. Un deterioro constante que ya nos hace aparecer como uno de los peores cuatro estados del país en su desarrollo democrático, según el estudio de la Fundación Konrad Adenauer y la Coparmex. En el último año descendimos ocho posiciones, estamos peor que con Mario Marín, especialmente en el rubro de la solidez institucional para procesar las demandas ciudadanas.

 

 

El virus de ignorar la opinión de los ciudadanos o los afectados de las políticas públicas se expande. Ahí está el caso del Ayuntamiento de Antonio Gali, quien conoce el rechazo de uno de cada dos vecinos del polígono Huexotitla-Gabriel Pastor porque mandó a hacer una encuesta ex profeso: 48.5 por ciento dicen SÍ y 48.6 por ciento dicen NO. Por una décima, gana el rechazo. ¿Y qué hace el gobierno con ese dato? Simplemente le vale madre: los parquímetros van porque van. Si la mitad de los ciudadanos no les gusta, da igual.

 

 

Por ello no sorprende que incluso, ayer en la presentación del programa eufemísticamente llamando “estacionamiento digital” para evitar el nombre de los parquímetros, un grupo de vecinos de la Gabriel Pastor increpó al director del Implan, un tabasqueño de apellido Graham, uno más de los fuereños que vienen a medrar del presupuesto poblano. A gritos y manotazos le exigieron que tomara en cuenta su opinión.

 

 

 Como en el caso de RUTA, el tiempo será el juez de Antonio Gali en caso de continuar con el proyecto de los parquímetros. Como apenas es el cuarto mes de su administración, habrá tiempo para ver si el corredor gastronómico se derrumba, si hay cierres de comercios o si, simplemente, los vecinos ignoran el programa ahora que la Suprema Corte de Justicia sentenció que los empleados de las empresas concesionarias no puede colocar inmovilizadores ni imponer sanciones.

 

 

Por supuesto, el tiempo es importante porque la evidencia llegará en 2016 0 2018, cuando Gali quiera ser gobernador o algo más. Será el momento de recordarle qué ocurrió con la idea genial de cobrar un impuesto a la vía pública.

 

 

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