Saturday, 24 de August de 2019


República Bananera morenovallista: sin reglamento del Registro Civil ni Periódico Oficial on line




Escrito por  Arturo Rueda
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El gobierno morenovallista entiende que el poder reside en el secreto: mientras menos sepan qué hace, mientras más obstáculos haya para enterarse de lo que es público, podrán maniobrar mejor. ¿Por qué? Porque si todo se maneja con secretismo, al poblano se le dificulta el ejercicio de sus derechos mediante la interposición de juicios de amparo, recursos de reversión, denuncias mediáticas. Así, la democracia deja de ser la forma de gobierno del público, en público.

Nadie entiende porqué el gobierno morenovallista, tan generoso a la hora de financiar proyectos de obra pública estrambóticos como una ciclovía de 70 millones de pesos, sea tan tacaño como para que los poblanos no tengan una versión en línea del Periódico Oficial del Estado, tal como lo tienen casi todos los estados de la República, incluido el propio Diario Oficial de la Federación. Encuestión de seguridad jurídica, Puebla vive en la edad de las cavernas, muy lejos del discurso de la modernización. En la campaña presidencial del 2018 se va escuchar muy bien: como mandatario de Puebla, Rafael Moreno Valle ni siquiera pudo poner una página de internet para darle publicidad a los actos gubernamentales. Fue el gobernador de una República Bananera.

 

 

Como si viviéramos hace dos siglos, el ciudadano, abogado o empresario que desee conocer la entrada en vigencia de nuevas disposiciones legales o administrativas, resoluciones, decretos de expropiación, convocatorias de remate y almonedas, se encuentra en completa indefensión porque debe acudir a una oficina, en donde si gustan, le entregarán el periódico con varias semanas de retraso respecto de la fecha de publicación, además de cobrarle 11.50 pesos por cada hoja. ¿Qué tipo de democracia bananera somos? ¿Esto es 2014 o 1820?

 

 

A lo mejor Luis Maldonado Venegas, funcionario presuntuoso de su calibre intelectual, no entiende nada de tecnología, ni de lo simple que es subir un archivo en PDF del Periódico Oficial del Estado. Una buena página dentro del portal del gobierno morenovallista no costaría ni 2 millones de pesos. Ahí, de acuerdo a la eficiencia mostrada por la SGG para ordenar la impresión de una nueva ley en el mismo día que es aprobada por el Congreso local, nos enteraríamos al momento de lo que el gobierno hace y no hace, así como las nuevas obligaciones para los ciudadanos.

 

 

Pero el gobierno morenovallista, donde hay buenos lectores de Maquiavelo, entiende que el poder reside en el secreto: mientras menos sepan qué hace, mientras más obstáculos haya para enterarse de lo que es público, podrán maniobrar mejor. ¿Por qué? Porque si todo se maneja con secretismo, cual Arcana Imperii, al poblano se le dificulta el ejercicio de sus derechos mediante la interposición de juicios de amparo, recursos de reversión, denuncias mediáticas. Así, la democracia deja de ser la forma de gobierno del público, en público. Lo público se convierte en privado, y apenas un puñado de personas pueden defenderse.

 

 

Si lo del Periódico Oficial del Estado da risa, la falta del reglamento del Registro Civil de las personas es otro absurdo provocado por la SGG y Luis Maldonado. El año pasado el Congreso aprobó una reforma a la Ley Orgánica Municipal para quitarle a las juntas auxiliares la función del Registro Civil ante la serie de “abusos y excesos” de los presidentes que tenían una caja negra de recursos. La reforma fue ampliamente festejada por su promotor, el titular de la SGG, a través de Mario Riestra. Pero no contaban con la astucia de la realidad.

 

 

Hoy existe un problema social en casi todo el estado, resultado de que los vecinos de los municipios acuden a las juntas auxiliares, pero estas ya no tienen papelería ni pueden prestar el servicio. Entonces, deben realizar largos traslados a las cabeceras municipales para poder dotar a sus hijos del mínimo acto que otorga la personalidad y todos sus derechos: inscribirlos en el Registro Civil.

 

 

¿Cuál es el problema que Maldonado y Riestra nunca previeron? Que si las juntas auxiliares no pueden prestar el servicio, entonces o deberá hacerlo el propio gobierno, colocando oficinas y contratando personal ex profeso, o limitarse a que las inscripciones se hagan en la oficina de la presidencia municipal, lo cual no conviene a todos los pobladores por los traslados que deben realizar. La primera solución tampoco le conviene al gobierno estatal: ¿cuántos empleados y oficinas debería pagar para poder prestar el servicio en los 217 municipios?

 

 

Por ejemplo, en Puebla capital solamente se puede acudir a los cinco juzgados del Registro Civil y en el CIS. ¿Alguien de Azumiatla se va a mover hasta ahí, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero? ¿La gente de Canoa va a perder dos o tres horas de traslado y un día de trabajo? La tozuda realidad desmontó una idea que nunca tuvo claro el problema social y solamente se enfocó en el objetivo político de restar fuentes de financiamiento a los presidentes de las juntas auxiliares.

 

 

En resumen: los poblanos no pueden inscribir nacimientos en el Registro Civil para dotarlos de personalidad jurídica. Y tampoco pueden consultar el Periódico Oficial del Estado por internet. Si esto no es una República Bananera, se le parece mucho.

 

 

 

 

 

 

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