Inmerso en sus sueños de poder presidencial, el morenovallismo ha perdido la sensibilidad para entender, atender y conducir el conflicto social en Puebla. La opinión de los poblanos, simplemente, se ha vuelto irrelevante, digna de poca atención. Peor aún: los que no opinan lo mismo que Moreno Valle, son declarados enemigos y tratados como tales. El gobierno no entiende de demandas legítimas, problemáticas reales, del disenso saludable. Cualquiera que exprese su desacuerdo, inmediatamente se hace acreedor a la #LeyBala, al toletazo de los granaderos y la prisión, como lo que le ocurrió ayer en Tehuacán a los pobladores de juntas auxiliares que cercaron el CIS de esa ciudad para demandar una respuesta a la problemática real de trasladarse horas a la cabecera para hacer los trámites más básicos. La convivencia democrática en Puebla se hizo trizas.

No se trata de caer en el tópico de la criminalización de la protesta social, pero una disfunción grave se presenta en el núcleo de la gobernabilidad: en vez de dialogar y atender los problemas sociales, el gobierno quiere resolver con prisa recurriendo al monopolio legítimo de la violencia que posee. El tolete sustituye a las mesas de negociación. El Leviathán morenovallista se ha vuelto en contra de los ciudadanos que votaron por él, convirtiéndose en el primer factor de riesgo e ingobernabilidad.

La disfunción de la gobernabilidad morenovallista surge del fastidio que provocan las quejas sociales. Hay insensibilidad, sordera y ceguera. Lo mismo ante los reclamos por los aumentos a la tarifa del agua, el despojo a las juntas auxiliares de la función del Registro Civil, el rechazo a la expropiación exprés, la queja por obras malhechas y peor planeadas, los operativos para retirar mototaxis, la falta de justicia por el cierre de agencias del Ministerio Público en el interior del estado, la opacidad en el cierre de los verificentros y sobre todo, el dispendio del erario en obras suntuosas y no en la satisfacción de necesidades reales.

Pero el gobierno no negocia, sino que impone. Aprovechando su mayoría en el Congreso local, hace y deshacer sin sentir la necesidad de justificar sus determinaciones. Las cosas son así, y san se acabó. Al que no le guste, ni modo. El procedimiento legislativo ya no es ni siquiera al vapor: en cuestión de horas y minutos, como si hacer una ley fuera correr un maratón, se decide el destino de derechos básicos de los ciudadanos.

Al gobierno solamente le interesan sus juegos de poder, su creciente influencia nacional, y por tanto, únicamente se preocupa por lo que aparece en medios nacionales. Bajo el manto del discurso modernizador, sin embargo, se asoman negocios inconfesables que lastiman el bolsillo de los ciudadanos de a pie que día a día, atónitos, descubren que deben pagar fotomultas, nuevas tarifas del agua, constancias de no adeudo, perder horas o días de trabajo para presentar una denuncia o hacer un trámite básico del Registro Civil. Incluso lo que el gobierno presume que ha hecho bien, como la pavimentación con concreto hidráulico, resulta mal, al grado de que las reparaciones para colocar alcantarillas suenan y son absurdas.

Para infundir miedo, el régimen encarcela a los disidentes. Con ello apaga momentáneamente el fuego de la rebelión, pero genera un costo en resentimiento que más tarde o temprano se expresará en las urnas. El ciudadano queda en estado de indefensión, pero no por ello cede al autoritarismo: espera tiempos mejores, la ocasión de cobrar la factura.

En términos sistémicos de David Easton, el sistema político se sobrecarga ante el exceso de demandas y la escasez de apoyos. La convivencia democrática se erosiona para sustituirla por el miedo a la represión. El Estado ya no es el Lord Protector de esa convivencia, sino su principal agresor.

Pero lo irónico es que la mayoría de los conflictos sociales son provocados por políticas tecnocráticas que no miden el impacto social de esas medidas. Fue el Ejecutivo quien decidió privatizar el servicio del agua, y fue Moreno Valle quien firmó la iniciativa para las nuevas tarifas. En la SGG de Luis Maldonado nació la ocurrencia de quitar a las juntas auxiliares el Registro Civil. Fue en la Procuraduría donde se determinó cerrar decenas de comandancias y agencias del MP en todo el estado porque “no hay recursos para mantenerlas”. Fue el gobierno el que prometió que el concreto hidráulico duraría 20 años y no que se repararía a un par de meses de su inauguración.

Como cualquier politólogo principiante sabe, cuando el ejercicio de la coacción es la primera reacción de poder, poco a poco pierde su legitimidad. Es un desangrado, lento pero seguro. La intimidación tiene efectos momentáneos, pero a largo plazo abre heridas difíciles de cerrar. La gobernabilidad está en riesgo, pero increíblemente, es el propio gobierno estatal la principal fuente de esa disfunción. Es cierto que para un gobernante es mejor ser temido, pero ya el propio Maquiavelo advertía que ese temor no debe llegar a ser odiado.