En la Conferencia de Beijing, en 1995, se propuso la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, con el objetivo de reconocer la contribución fundamental de la labor de las mujeres rurales para el desarrollo de sostenible; en la lucha contra el hambre y la pobreza y para la protección del medio ambiente.
Para ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución 62/132 del 18 de diciembre de 2007, decidió declarar el 15 de octubre de cada año en conmemoración de la mujer rural.[2] Asimismo, reconoció “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
La conmemoración de esta fecha, es un llamado de atención al mundo para acabar con la discriminación de las mujeres en el mundo rural. Es un día para visibilizar a millones de mujeres que con su constancia, fuerza y coraje están consiguiendo salir adelante cada día, y mejorar no sólo sus propias vidas sino las de sus familias y comunidades.
Igualmente, es una ocasión donde se alienta a los Estados Miembros a formular políticas y programas destinados específicamente a mejorar la situación de la mujer rural, incluidos los que se preparen y apliquen en cooperación con las organizaciones internacionales competentes.
Cabe destacar, que las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en las economías rurales de los países desarrollados y en desarrollo. En la mayor parte del mundo en desarrollo participan en la producción de cultivos y el cuidado del ganado, proporcionan alimentos, agua y combustibles para sus familias y participan en actividades no agrícolas para diversificar los medios de subsistencia de sus familias. Además, llevan a cabo las funciones vitales en el cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos.
Asimismo, son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria, y la educación se encuentran entre los muchos retos a los que se enfrentan. Estos se ven agravados además por las crisis mundiales – económica y alimentaria– y el cambio climático.
En muchas partes del mundo, las mujeres rurales siguen enfrentándose a leyes discriminatorias, no sólo con respecto a la propiedad de la tierra, sino también a servicios vitales tan básicos como el saneamiento y el agua potable.
Se estima que alrededor del mundo existen 1.6 miles de millones de mujeres rurales. [9]De acuerdo a un censo realizado en el año 2,000 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), en México habían 12.3 millones de mujeres que residían en áreas rurales, lo que equivalió a un 24.8% de la población total femenina en el país.
ONU Mujeres, apoya el liderazgo y la participación de las mujeres rurales en el diseño de leyes, políticas y programas sobre todos los aspectos que afectan a sus vidas, lo que incluye una mayor seguridad alimentaria y de nutrición, así como un mejor sustento en las zonas rurales. La formación les proporciona conocimientos para hallar nuevas formas de sustento y adaptar la tecnología a sus necesidades.
En conclusión, los gobiernos y la sociedad civil deben acelerar sus esfuerzos para revisar leyes nacionales obsoletas y promover la seguridad de la tenencia. Asimismo, estas leyes deben garantizar la prohibición de desalojos forzosos de las mujeres cuyo estado civil haya cambiado.
A la par, se deben promulgar leyes sobre el matrimonio y la familia para garantizar los derechos de las mujeres a la propiedad. Aquellas y aquellos que trabajan las tierras comunales también necesitan recibir apoyo para asegurar que sus derechos se traduzcan en beneficios. Por último, los gobiernos y la sociedad civil deben promover la concienciación y la capacitación para que las mujeres conozcan y puedan reclamar sus derechos.