La Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal reservó por siete años los estudios técnicos que sirvieron para atender la emergencia por des- laves en un talud de la zona de Santa Fe, en la delegación Cuajimalpa.
En respuesta a una solicitud de información pública, la dependencia argumentó la restricción de la misma por motivos de seguridad, así como para no afectar procedimientos de verificación y judiciales en curso.
Derivado de los dictámenes técnicos, a partir del 30 de noviembre pasado, la empresa TGC inició una serie de obras de mitigación de riesgos como la demolición de una vivienda en la cima del talud, en el predio de Altavista 111, pues parte de los derrumbes se debieron a filtraciones de agua en ese domicilio, según han comentado el secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, y el jefe delegacional, Miguel Ángel Salazar.
Los derrumbes en el talud ocurrieron desde el pasado 27 de octubre y motivaron a su vez la evacuación de habitantes de tres de cinco torres del condominio Vista del Campo, que resultó sin daños a pesar de colindar también con la zona colapsada.
A través de su Dirección General de Prevención, la dependencia indicó que se determinó restringir el acceso “a la totalidad de los dictámenes técnicos de riesgo en materia de protección civil”, con números JUDOSE/251/2015 y JUDOSE/263/2015.
La secretaría expuso que la publicidad de los dictámenes iría en detrimento de la seguridad patrimonial de las personas afectadas pues “permite identificar las zonas vulnerables del inmueble”, en referencia al residencial Vista del Campo.
“Afectaría investigación”. En su fundamentación, Protección Civil añadió que los documentos con datos del residencial “forman parte de un proceso dentro del cual somos parte coadyuvante en procesos administrativos”; la reserva también es para evitar “una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero”.
En respuesta a la solicitud de información con folio 0107500053515, explicó que ha recibido oficios de un juicio de amparo promovido por Carlos y Arturo Rosette, dueños de la vivienda demolida, en el que señalan a la secretaría de Protección Civil “como autoridad responsable”.
La dependencia también recibió oficio sobre una averiguación previa radicada en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en materia de Protección Urbana (Fedapur), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para remitir documentos relativos a medidas de prevención.
Por estos requerimientos, sostuvo, “la entrega de los documentos podría generar un perjuicio en la impartición de justicia, en la prosecución adecuada y en la integridad de las personas y dependencias que intervienen en los procedimientos iniciados”.