“La Ciudad de México se ha destacado por implementar proyectos innovadores para resolver sus retos de movilidad”, señaló la compañía en un posicionamiento sobre la manifestación de este martes en el Zócalo, la plaza principal de la ciudad.
Añadió que a sólo 20 meses de haber iniciado operaciones, “Uber cuenta con 300.000 usuarios, cuya gran mayoría han optado por dejar su automóvil en casa para compartir viajes en auto y así ayudar a reducir el impacto vehicular en el Distrito Federal”.
“Uber es sinónimo de menos coches, complemento de las opciones de movilidad existente e impulsor de emprendedores”, acotó.
Varias decenas de taxistas se manifestaron con sus vehículos frente al edificio del Gobierno de la capital en protesta porque las empresas Uber y Cabify ofrecen desde hace casi dos años el servicio de transporte público en unidades particulares, en perjuicio de más de 140.000 taxis concesionados.
Exigieron al jefe del Gobierno local, Miguel Ángel Mancera, detener de inmediato la operación de esas compañías, así como la circulación de las demás “unidades pirata”, como se conoce a los vehículos que ofrecen servicio de transporte sin estar registrados para ello.
No es la primera vez que los taxistas protestan contra esas firmas. El pasado 22 de abril lo hicieron frente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (fiscalía capitalina) para exigir seguimiento a una denuncia presentada el 10 de diciembre de 2014 contra Uber y Cabfiy.
Los concesionarios presentaron entonces una denuncia por omisión contra el secretario de Movilidad de la ciudad, Rufino León Tovar, y las empresas propietarias de las aplicaciones que conectan a conductores con personas que necesitan ser transportadas, a quienes acusaron del delito de transporte ilegal.
Reclamaron a la Secretaria de Movilidad que no haya actuado contra estos servicios, que imponen tarifas por cuenta propia, usurpando la función del Estado de establecer los cobros en beneficio de los usuarios.
Después de la manifestación del 22 de abril, Uber emitió un posicionamiento en el que sostuvo que los habitantes de la capital “merecen el derecho de decidir cómo quieren moverse en su ciudad”.
Enfatizó que todos sus conductores están dados de alta ante el Servicio de Administración Tributaria “y por tanto pagan impuestos y emiten facturas”, además de que deben presentar un certificado federal de no antecedentes penales y aprobar una serie de exámenes, incluyendo psicométricos y toxicológicos.
“Uber está en favor de una regulación que reconozca la innovación tecnológica en beneficio de la población y las ciudades en que operamos”, acotó entonces la empresa.