Ambas fechas señalan los dos momentos en que las estructuras de seguridad del gobierno y del Estado ya no protegían la seguridad política del Estado frente a la delincuencia, la guerrilla y la insurgencia, sino que se habían aliado al crimen organizado. Las policías política y preventiva se habían fusionado a las bandas criminales.
La estructura de seguridad en cualquier Estado tiene la tarea primordial de impedir poderes criminales fácticos que le expropien territorio al Estado o le quiten al Estado el monopolio de la fuerza. Pero el crimen organizado copó ya partidos, autoridades municipales, estatales y federales y el sistema de impartición de justicia y es la hora en que el Estado sigue sin estructura de poder.
El asesinato de la alcaldesa perredista de Temixco, Morelos, Gisela Mota, volvió a exhibir el colapso en las instituciones políticas: pese a la dimensión del asesinato, el PRD sigue regateándole al gobierno federal una reorganización de la estructura de seguridad pública/interior/nacional.
La crisis de seguridad no es una crisis de policías, de armamentos o de mandos, sino una crisis de la estructura del Estado similar a la de mediados del siglo XIX cuando el gobierno de Benito Juárez se enfrentó a asaltantes, salteadores y secuestradores de caminos. La respuesta oficial fue la de organizar al ejército, aprobar una ley contra salteadores que fusilaba a ladrones in fraganti y otorgarle al Estado el poder como factor coercitivo contra los fueros y grupos fácticos.
La estrategia de seguridad de 1976 a 2016 -cuarenta años de errores y complicidades- ha sido funcionalista, de corto plazo y torpe. La clave se localiza en la reforma jurídica del 2011 al pasar de un Estado institucional de coerción con contrapesos a un Estado de derechos humanos. Los Estados de fuerza son los únicos que han controlado a la delincuencia; los Estados de derechos transfieren a los grupos criminales espacios sociales y territoriales.
La ofensiva de seguridad de Felipe Calderón en el 2007 buscó aniquilar al crimen organizado, sólo que sin espacios políticos, sociales y de bienestar. El aflojamiento en las políticas de seguridad por los derechos humanos ha permitido el regreso de los cárteles al control territorial de espacios de soberanía del Estado. El bienestar sirve contra la inseguridad hasta después de aniquilar a las bandas criminales.
Mientras el Estado, el gobierno federal y los poderes nacionales no asuman con realismo el hecho de que el poder criminal opera en la lógica de la suma-cero -lo que pierde el Estado lo ganan las bandas criminales, y viceversa-, toda estrategia será una guerra perdida de desgaste no sólo del gobierno sino de la sociedad. Sólo la fuerza coercitiva del Estado puede restaurar el viejo orden institucional del reparto del espacio público. Pero es la hora en que la impunidad del crimen organizado y la tibieza del Estado permiten casos como los 43 de Ayotzinapa y la alcaldesa de Temixco.
Sólo para sus ojos:
· De ser cierta la versión de que miembros de un cártel controlan a Cuauhtémoc Blanco, entonces se trata de una terrible falla de seguridad nacional que involucra al gobierno federal y sobre todo al gobernador Graco Ramírez: o se dieron cuenta tarde o están politizando simples sospechas.
· El problema no es Blanco sino el crimen organizado en Morelos que aumentó en los años de gobierno de Graco Ramírez. Por tanto, el mando único no es la varita mágica.
· Problemas en el PRD: Agustín Basave se la va a pasar amenazando con renunciar si no aplican sus proyectos. De nueva cuenta la crisis en el chuchismo perredista.
· No quiten atención a Venezuela: comenzó el principio del fin del chavismo con el avance de la oposición. Y en Argentina habrá lucha de poderes entre el peronismo en la oposición y el conservadurismo en la presidencia.
· Pura demagogia las medidas de Barack Obama para controlar armas. Al final, carece de poder e ignora la fuerza de la posesión de armas en una sociedad que se consolidó por la violencia.
@carlosramirezh