El alcalde de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez se niega a aclarar el por qué no acató la recomendación que le mandó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con respecto al suicidio de una persona que estaba presa en instalaciones de la Policía Municipal, hecho por el que el organismo solicitó al Congreso local llamar al alcalde a comparecer.

Este medio buscó entrevistar al edil, pero éste no quiso fijar una postura sobre el tema y a través del área de Comunicación Social se informó que no hablaría al respecto, mientras que los legisladores analizan llamarlo a rendir cuentas por violaciones a los derechos humanos en su municipio.

Uno de los empleados del Ayuntamiento, quien se negó a identificarse, dejó en claro que el alcalde no hablará del asunto con los medios estatales “porque lo maltratan”. Cabe citar que en cada evento, el presidente evade abordar temas espinosos de su administración.

Por su parte, la regidora de Grupos Vulnerables y Equidad, Margarita López Olvera, dijo a medios regionales que Núñez Ramírez nunca informó de la recomendación que él hizo la CEDH a los regidores, por lo que no descartó que en la siguiente sesión de Cabildo le exijan cuentas.

En un comunicado de prensa emitido el domingo pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos que encabeza Adolfo López Badillosolicitó mediante un escrito al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes, llamar a comparecencia a Núñez para que explique los motivos por los que no ha aceptado la recomendación 4/2015, emitida por este organismo.

“La CEDH Puebla hace esta petición, ya que por primera vez, desde que entraron en vigor las reformas del año 2011, al Artículo 102, apartado B, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una autoridad no acepta una recomendación emitida por el organismo”, citó el comunicado.

Los hechos

Los hechos por los que el gobierno de San Martín Texmelucan mereció una observación, se registraron en lamañana del 28 de abril del 2014, cuando un hombre fue llevado a los separos de la Policía Municipal acusado de intento de violación, pero por omisión de los uniformados, éste se suicidó.

La Comisión concluyó que los funcionarios municipales “no garantizaron la integridad y vida del detenido”, razón por la que recomendó a Núñez una sanción y la reparación del daño, además de una adecuada capacitación para evitar violaciones a los derechos humanos.

No obstante, lejos de asumir su responsabilidad, el edil hizo caso omiso de la observación.

El procedimiento que establece la Constitución para este tipo de casos consiste en que la Legislatura puede llamar a la autoridad responsable para que comparezca ante el cuerpo de legisladores para explicar el motivo de su negativa.