La compra de 10 automóviles de lujo y el “lavado” de por lo menos 22 millones de pesos provenientes del crimen organizado durante los últimos tres años, son parte de las imputaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) realizó contra el empresario poblano Manuel Rodolfo Trillo Hernández, operador financiero del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las acusaciones que obran en la Causa Penal 458/2015, fueron dadas a conocer este martes por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), luego de que “La Trilladora”-alias de Trillo Hernández- rindiera su declaración preparatoria a través de la modalidad de videoconferencia con el juez Gabriel Alejandro Palomares Acosta, radicado en el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales del Segundo Circuito en el Estado de México.

Como parte del desahogo de la diligencia de declaración preparatoria, el Ministerio Público federal le indicó a “La Trilladora” que a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), es acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y de ser el autor intelectual y financiador del túnel por el que escapó “El Chapo” el pasado 11 de julio.

Las indagatorias del agente de la SEIDO arrojaron que Trillo Hernández habría adquirido 10 vehículos automotores de distintas marcas y modelos entre enero del 2012 y abril del 2015, además de lavar 22 millones de pesos en ese mismo periodo. No obstante, se sabe que a través de declaraciones del dueño de la cadena poblana The Italian Coffee a las autoridades, éste habría adquirido 80 franquicias con valor de un millón de pesos cada una.

Tras su detención en el municipio de San Pedro Cholula el pasado 19 de agosto, fue puesto en medida cautelar de arraigo desde el 22 del mismo mes, pero fue hasta este lunes cuando el Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales dictó una orden de aprehensión para que el eminente empresario ingresara al penal del Altiplano.

Luego de concluir con la actividad preparatoria, el imputado se reservó su derecho a declarar y su defensa legal solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 72 a 144 horas para la definición de su situación jurídica, por lo que será el próximo 15 de noviembre cuando se conozca la deliberación del caso por lavado de dinero y complicidad en la fuga de “El Chapo” el pasado 11 de julio.