Con la ejecución de una serie de operativos realizados en seis casas de empeño por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ), se lograron recuperar un total de 19 computadoras marca HP que según las indagatorias, fueron robadas de instituciones de educación pública que forman parte del programa Equipamiento de Aulas en Medios de la Fundación Únete.

Alejandro Santizo Méndez, titular de la SSPTM señaló en rueda de prensa que como parte de las indagatorias se supervisaron cibercafés como uno bajó el nombre de “El Matón”, que se encuentra en la calle Valle Alejandrina esquina con calle Plata de la colonia La Joya, donde los agentes detectaron tres computadoras que con base en su número de serie, resultaron ser robadas.

Se indicó que los números de serie corresponden a computadoras que fueron robadas en la escuela General Aurora Marín de Taboada de la colonia Belisario Domínguez, y otra en la escuela Julián Carrillo Puerto, en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche, por lo que el encargado del establecimiento, José Martín Ochoa Morales, quedó a disposición del ministerio público, al no poder comprobar la legal procedencia de las computadoras.

Después de ser acusado por el delito de encubrimiento por receptación, declaró a las autoridades que los aparatos los había comprado en la casa de empeño “Cash Cash” ubicada en Plaza Mayorazgo, pero además Ochoa Morales desmanteló días antes de su detención, un local que tenía en Sanctórum donde se presume que usó otros equipos de cómputo robado.

Derivado de lo anterior, la PGJ decidió ejecutar diversos operativos en casas de empeño, las cuales resultaron que operaban de manera irregular y también ofertaban equipos robados, por lo que fueron sujetos a revisión las casas: Empeño Fácil; Cash Cash; First Cash; El Cerrito; Empeños Mexicanos y Ayuda Efectiva, ubicados principalmente en colonias del sur.

Del mismo modo, se procedió a la clausura de 14 casas de empeño que no están presentando sus cuentas de las operaciones que llevan a cabo –ventas de artículos–, incurriendo en el delito de falsedad de declaraciones, cuya multa puede ir de los 6 meses a los 5 años de prisión, además de una multa de 100 a mil 500 días de salario.