A través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, la universidad privada ha generado una base de datos sobre este fenómeno en Puebla, y para ello han echado mano de las notas periodísticas donde se reportan homicidios de mujeres, la cuales han intentado complementar con solicitudes de información a la Procuraduría General de Justicia para cruzar la información. Sin embargo, los datos de la autoridad distan abismalmente de la respuesta de la autoridad.

La responsable del programa de género del Instituto de Derechos Humanos, Lourdes Pérez detalló que la autoridad no ha abonado para tener cifras reales sobre el fenómeno de feminicidio, pues aunque en su reporte hay 240 casos, a través de solicitudes de información, la PGJ respondió que tienen conocimiento tan sólo de 14.

Ante este escenario, sostuvo que esto tiene que ver con la discrecionalidad con la que se manejan los casos en el Ministerio Público, pues no toman en cuentas las características violentas con las que se perpetran los crímenes contra las mujeres.

“Nosotros sí pedimos el número de feminicidios, pues no nos lo dan. Cuando se inicia la investigación siempre es como homicidio, entonces si hay rasgo de que fue feminicidio, se deja a criterios de jueces y al Ministerio Público (…) nos dan los números de asesinatos con violencia hacia mujeres y eso sí rebasa los datos que nosotros tenemos, pero no podemos hacer un análisis porque los datos que nos proporcionan son sólo cuantitativos”.

Señaló que aunque recientemente el Congreso local elevó hasta 60 años la pena para feminicidas y se mejoró la redacción sobre la definición de este delito, esto no será un factor para tener cifras certeras, pues en las áreas de impartición de justicia no existen protocolos para determinar los casos.

“Se dio una nueva definición de feminicidio más acabada y en la que trabajamos diferentes organizaciones. Quedó mejor definida, pero tiene que armonizarse con el protocolo y debe ser una herramienta para los operadores, de lo contrario sigue quedando a discreción del Ministerio Público y del juez”.