Un grupo francés defensor de los derechos de los trabajadores radicó una querella contra la empresa constructora Vinci acusándola de maltratar a obreros migrantes en Qatar, el país sede de la Copa del Mundo de 2022.
Vinci, por su parte, indicó que "refuta totalmente" la acusación, y dijo que demandará al grupo Sherpa por difamación. La subsidiaria de Vinci en Qatar, QDVC, tiene contratos por 2.200 millones de euros (2.400 millones de dólares) en ese estado del Golfo Pérsico.
La querella de Sherpa, si es que las autoridades francesas hacen algo al respecto, podría presionar a Qatar y a las compañías que trabajan allí para mejorar las condiciones de los obreros migrantes. Qatar depende en gran medida de la mano de obra de extranjeros para sus enormes obras de infraestructura mientras se prepara para organizar el primer Mundial en el Medio Oriente.
La querella, radicada el lunes, se enfoca en la división de construcción de Vinci y en los administradores franceses de QDVC. Sherpa los acusó de obligar a los obreros a realizar trabajos forzados y tenerlos en cautiverio. Ahora la fiscalía francesa tiene que decidir si las acusaciones ameritan una pesquisa judicial, o si son archivadas como ha ocurrido con tras querellas de Sherpa contra otras compañías.
Vinci respondió con un comunicado en el que niega las acusaciones, e invitó a Sherpa y a periodistas a visitar las obras y las nuevas instalaciones de vivienda de los obreros en Qatar.
Vinci está involucrado en varias obras en Qatar, incluyendo el nuevo metro de Doha, una autopista y otras vías de transportación que los fanáticos que viajen para la Copa del Mundo probablemente utilicen para llegar a los estadios en 2022. Unos 9.000 obreros son empleados en los proyectos de QDVC, y de esos, 2.000 son empleados directamente por QDVC.
Sherpa dijo que una investigación de varios meses descubrió evidencia de condiciones "inhumanas y peligrosas" en los proyectos de QDVC. Indicó que los pasaportes de los obreros son confiscados, y que son amenazados para que no pidan mejores condiciones de vida. Sandra Cossart, una abogada de Sherpa, indicó que los obreros trabajan unas 66 horas semanales, más de lo que permite la ley catarí, "a cambio de pagos ridículos".
"Es esclavitud moderna", dijo Cossart en una entrevista telefónica.
Vinci respondió diciendo que los obreros pueden tener acceso a sus pasaportes cuando lo deseen, y que las horas de trabajo son "supervisadas estrictamente". Al final de sus contratos, el 70% de los obreros de QDVC renuevan por otros dos años, dijo Vinci.